Proteger la democracia

El Poder Judicial siempre habla con claridad. Esta semana lo ha hecho a través de un auto del Tribunal Supremo que ha avisado sobre las consecuencias de las reformas penales que el PSOE le ha concedido al independentismo condenado por los graves hechos que tuvieron lugar en Cataluña hace seis años, en virtud de la mezcla letal que supone la debilidad parlamentaria y la debilidad moral.

En una resolución judicial impecable, el Alto Tribunal ha establecido, ratificando lo que algunos ya veníamos advirtiendo en este «Ambigú», que la modificación del Código Penal ejecutada por el Gobierno, que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación, ha dejado al Estado desprotegido ante hechos similares a aquellos, si volvieran a producirse. Ha dicho que existe la posibilidad de promover el incumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales por vías alternativas a la subversión del orden público, y que hay un espacio intermedio entre la rebelión y el desorden, ahora sumido en un vacío legal, desde el que se puede atentar contra el sistema constitucional. Y ha añadido que la reforma penal sume en la impunidad procesos secesionistas que no vayan acompañados de violencia e intimidación, algo que no se necesita desde poderes o administraciones públicas que quieran ejercer el supuesto derecho de autodeterminación para atacar la unidad de España y la igualdad de todos.

Es asombroso que haya nacido del Gobierno el impulso legislativo que desarma al Estado y desprotege a la nación, bajo la falsedad de que la reforma nos iba a homologar con Europa. Como lo es que no se haya conseguido favorecer exactamente como se deseaba a los líderes del 1-O y, en especial, a Oriol Junqueras, que ve como en el mismo auto se le mantiene inhabilitado hasta 2031, pese a que la malversación fue reformada precisamente para lo contrario. El propósito de Sánchez ha quedado en evidencia después de que la Sala haya considerado inaplicable el nuevo delito de desviación presupuestaria que el Gobierno rescató de los viejos códigos penales franquistas en un ejercicio de «memoria histórica para lo que interesa». Una tipificación más benigna pensada para favorecer, no sólo a los líderes independentistas condenados, sino también a Carles Puigdemont y a otros fugados de la justicia española. Lastrada, sin embargo, por la incapacidad legislativa del Gobierno, que, ya sea con esto o con la ley del «solo sí es sí», parece entregado a la chapuza normativa.

Legislan tan mal que, cuando quieren apretar, aflojan, y los violadores empiezan a salir de las cárceles, y, cuando quieren aflojar, aflojan, pero menos de lo que querrían. Lo malo es que son tremendamente eficaces si se trata de dejar desguarecidos jurídicamente los principios fundamentales establecidos en la Constitución, en los que se basa la convivencia entre españoles desde hace más de 40 años. Porque eso y no otra cosa es lo sustancial de la resolución, que nos aporta de forma indubitada un elemento que es relevante: El Gobierno de España ha renunciado a proteger la democracia, lo que provoca que golpes de Estado como el que tuvo lugar en Cataluña en octubre de 2017 ya no sean delito.

Titánica la tarea que tendrá que afrontar el Gobierno que resulte de las próximas elecciones, llamado como ya lo estuvieron los de Aznar y Rajoy a reconstruir la economía, siempre erosionada por los ejecutivos de izquierda en España, pero con la imprescindible misión añadida de devolver las garantías jurídicas que protejan el Estado de Derecho y la integridad de la nación española. El destrozo causado en términos de calidad y dignidad democrática es enorme, grave y peligroso.