Protestas

España se halla a las puertas de una mutación constitucional. Aunque el texto de la Carta Magna no termine modificándose en lo sustancial de iure (debido precisamente al procedimiento reforzado que se requiere) sí lo hará de facto: a saber, la interpretación y la aplicación efectiva material de los preceptos constitucionales van a cambiar o, al menos, se exponen a cambiar de manera muy considerable. Es decir, el acuerdo constitucional básico con el que ha venido operando la política española durante las últimas décadas se ha roto y pretende ser sustituido, mediante hechos consumados, por otro.

La razón es que las fuerzas independentistas catalanas le exigen al PSOE, a cambio de su apoyo a la investidura, que acepte esa reinterpretación de la Constitución donde cabe la amnistía y acaso una fragmentación de España (en este momento no estoy entrando a considerar si esa reinterpretación de la Constitución es positiva o no lo es: tan sólo estoy describiendo cuál es la situación política actual).

Y el PSOE, tanto sus dirigentes como la mayoría de sus votantes, parecen dispuestos a consentir en esa mutación constitucional con tal de ganar un apoyo estable del independentismo catalán a la gobernabilidad de España (o de lo que quede de España).

Frente a esta situación, parte de la derecha sociológica española se ha levantado en cada vez más multitudinarias protestas en contra de aquel partido, el PSOE, que pretende salirse del pacto constitucional tácito que hasta la fecha había suscrito con ella. Se trata de una contestación social perfectamente previsible (si no la hubiera habido, significaría que en realidad el pacto constitucional básico de España ya se hallaría muerto desde hace años) que, mientras se desarrolle de manera pacífica, es completamente legítima.

Sucede que en esas multitudinarias y continuas marchas sociales contra el PSOE están apareciendo elementos vandálicos y violentos que acaparan los focos mediáticos y terminan mancillando el conjunto de las protestas: como si todos los manifestantes fueran ultras y violentos o, en su caso, les dieran apoyo tácito. Pero precisamente por eso resulta tan importante condenar y aislar a esos elementos violentos: para dejar claro que la violencia no debe ser admisible en ninguno de ambos lados y para no empañar, en suma, la crítica legítima contra el gobierno.