La anunciada reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido presentada como un avance histórico para los trabajadores. Sin embargo, desde el sector de la limpieza profesional, uno de los más feminizados y esenciales de nuestra economía, nos preguntamos si puede considerarse un progreso una medida que pretende imponerse sin diálogo, sin análisis de impacto y sin garantizar los medios para poder aplicarla.

Lejos de suponer una mejora, esta reforma amenaza con abrir una espita de precariedad con consecuencias nefastas sobre el mercado laboral. Porque no se trata solo de una cuestión de principios o de modelos productivos, se trata, sobre todo, de números.

Nuestro sector no puede automatizar todas las tareas, externalizar procesos ni desplazar costes. El 90% de nuestro gasto se destina al personal. Por tanto, cualquier cambio en la normativa laboral tiene un efecto directo, inmediato y desproporcionado sobre la viabilidad de las empresas. Según las estimaciones del sector, esta reducción de jornada supondrá un incremento medio del 5% en los costes, lo que se traduce en un sobrecoste global de 320 millones de euros.

Si las empresas no podemos adaptar los contratos, ni actualizar precios, ni reorganizar recursos, la consecuencia es clara. No estaremos debatiendo sobre cómo implementar la reducción de jornada, sino sobre cómo muchas empresas no podrán pagar las nóminas. Y, sin temor a equivocarnos, creo que lo que los trabajadores quieren no es trabajar menos horas, sino tener su sueldo garantizado a fin de mes.

Nos enfrentamos a una paradoja perversa: trabajar menos puede derivar, en la práctica, en una mayor inestabilidad. Lo que sobre el papel se presenta como una conquista social, en sectores como el nuestro, externalizados y con márgenes muy ajustados, puede convertirse en un golpe difícil de asumir. Especialmente cuando los contratos públicos, que representan una parte significativa de nuestra actividad, siguen sin permitir ajustes de precio debido a la rigidez de la actual Ley de Desindexación.

¿Cómo se espera entonces que las empresas asuman esta carga añadida sin quebrar? La respuesta es clara: muchas no podrán. Y los concursos quedarán desiertos. Las nóminas sin pagar. No es un futurible, ya está ocurriendo. La sostenibilidad de los servicios, muchos de ellos esenciales, como la limpieza hospitalaria o de centros educativos, corre serio riesgo si se ignoran estas realidades.

A todo ello se suma la falta absoluta de diálogo. Esta reforma se ha anunciado de forma unilateral, y las decisiones impuestas sin consenso solo generan inseguridad y desconfianza. No se puede legislar desde un despacho sin tener en cuenta lo que ocurre en la calle, en los centros de trabajo, en los polígonos industriales o en los hospitales que limpiamos cada día.

Señores políticos: los servicios esenciales no se improvisan. Se planifican, se cuidan y se sostienen. Y eso solo es posible si se escucha a quienes están sobre el terreno.

Desde AFELIN, patronal que representa a un millar de empresas que emplean a más de cien mil trabajadores, reclamamos responsabilidad, coherencia y diálogo. Porque legislar sin escuchar no es gobernar, es romper. Y en este caso, romper algo tan delicado como el equilibrio entre el empleo digno y un servicio esencial de calidad.

En lugar de centrar el debate únicamente en la jornada semanal, ¿por qué no abordar primero otros problemas urgentes del mercado laboral como el alto absentismo, la falta de personal o, como ya se ha dicho, la reforma pendiente de la Ley de Desindexación?

La diversidad del sector de la limpieza con jornadas a turnos, contratos a tiempo parcial y una gran heterogeneidad de servicios, hace que una reducción homogénea no sea siempre aplicable ni beneficiosa. Por no hablar de que, en su mayoría, este sector está compuesto por pequeñas y medianas empresas, autónomos y micropymes con apenas cinco trabajadores.

Aplicar de forma generalizada esta medida, sin excepciones ni matices, no solo no fomenta la conciliación ni mejora la productividad, como sostiene el Ejecutivo, sino que amenaza con dejar a muchas personas sin empleo y a muchos servicios públicos sin cobertura. Porque el foco no debe estar solo en proteger y mejorar los derechos de los trabajadores, sino también en asegurar la viabilidad de las empresas en las que esos derechos deben hacerse efectivos.

Este sector, con más de 570.000 trabajadores de hasta cien nacionalidades distintas, representa el 1,05% del PIB español y factura más de 12.450 millones de euros anuales. No es un nicho marginal, sino un pilar esencial para el funcionamiento del país. Y como tal, debe ser tratado.

Reducir la jornada laboral puede ser un avance. Pero imponerla sin diálogo, sin adaptación y sin recursos es una temeridad. Porque cuando las empresas caen, no se reduce la jornada, se elimina el empleo.

Jesús Martínes presidente de AFELIN y de AELMA