Trabajo

No se crea empleo porque los impuestos al trabajo son descomunales, y las leyes que regulan la práctica laboral son anticuadas, obsoletas, más propias de la España falangista que del país «avanzado» que nos venden. Con la excusa de sostener las pensiones, ahora se grava de nuevo el trabajo. Consecuencia: más paro y economía sumergida. Las pensiones se verán aseguradas, y los votantes cautivos que son los pensionistas, contentados. Pero los emolumentos de quienes sostienen el sistema (los trabajadores), serán otra vez acogotados, gravados, penalizados… pues tanto empleadores como empleados, ¡no digamos los autónomos!, tendrán acrecentadas sus cargas fiscales de forma insoportable, confiscatoria.

Las autoridades, enfrentadas al dilema: «¿A quién penalizamos, a quienes trabajan o a los subsidiados?», eligen siempre la respuesta fácil: «Castiguemos a los trabajadores. Porque si trabajan no tendrán más remedio que seguir haciéndolo. Son obligados fiscales cautivos. Mientras que los pensionados constituyen una bolsa de votantes a contentar. No son productivos, ni tienen posibilidad de serlo ya. Pero pueden variar su voto si no mantenemos su poder adquisitivo. Mejor satisfacer a los pensionistas, divulgando además un mensaje de ‘preocupación social’…». La reacción de los trabajadores, que verán gravemente mermada su economía, está descontada. Además, los trabajadores activos viven encadenados a la necesidad de trabajar. Mientras las autoridades gubernativas están atadas a su necesidad de obtener votos, que satisfarán con muchos pensionistas contentos.

El resultado es el de siempre: en España se penaliza fiscalmente el trabajo de forma mentecata, vetusta, mientras se fomenta el subsidio. Eso condena a la economía del país a una lenta y dolorosa agonía de deuda –ahora en su cénit–, y a una decadencia económica, que contamina cualquier aspecto de la vida, y que deteriorará (ya lo está haciendo) la prosperidad colectiva. Tanto de trabajadores como de subsidiados. Y esto es así porque las leyes que se suceden tienen como objetivo acabar con la fuente original de riqueza de la nación: el trabajo –el mismo que sirve para subsidiar y pagar pensiones–, penándolo y castigándolo con mejores resultados de los que obtienen persiguiendo un auténtico crimen.