Competencias y responsabilidades

Con el desarrollo de los estudios estratégicos, cada batalla, cada operación militar, hasta el despliegue de un hospital de campaña o el examen forense de los siniestrados en un accidente aéreo cuando retornaban de una misión internacional, se analizan minuciosamente para tratar de aprender las lecciones que puedan aportar o para comprobar si confirman las que ya se daban por sabidas. Esta «leccionología» ha inundado el trabajo de los estados mayores, al menos en los países que todavía tienen experiencias bélicas.

Con lo archimediáticos que resultan los atentados terroristas en Occidente, no sólo los especialistas, que proliferaron como hongos desde el 11-S (2001), a partir de una minoritaria base académica previa, sino periodistas, colaboradores y espontáneos varios, con la ayuda de profesionales de las fuerzas de seguridad, en el caso actual, sobre todo, portavoces de sus sindicatos, desmenuzan y especulan sobre todos los detalles del caso, presentes y ausentes, puesto que también cuenta el perro que no ladró. No queda piedra sin remover, práctica y teóricamente, por más que una investigación exhaustiva tarda semanas o meses en completarse del todo, y para entonces la atención pueda haber caído mucho y las creencias y opiniones al respecto haberse congelado.

Como en nuestro 11-M, el atentado de Barcelona ha sido desde el principio contaminado por la política, ahora la del intento secesionista catalán, y no habrá buen descontaminador que lo descontamine. Los muertos pasan, la independencia es para la eternidad. Hay un acuerdo amplio sobre la rapidez y la eficacia de la reacción, y fuertes discrepancias respecto a los antecedentes, lo que debería haber sido la prevención. Antes, durante y después, el meollo de las discrepancias gira en torno a la colaboración entre los servicios de seguridad autonómicos (siempre respecto a sus jefes políticos, no los profesionales a las fuerzas) y los servicios nacionales: Policía y Guardia Civil.

En la picota está la desatención de recomendaciones de Interior de que se tomasen ciertas medidas preventivas, no tenidas en cuenta precisamente porque eran propuestas de Madrid, así como por delirios ideológicos ya bien conocidos, que vienen a confundir barreras arquitectónicas con grilletes que aherrojan el libre albedrío de ciudadanos y visitantes de la capital catalana. A cambio se prometió una intensificación de la vigilancia policial, que brilló por su ausencia en seiscientos metros del atestado boulevard de Las Ramblas.

En la discusión, como es habitual en todas partes y en casi todos los casos, surge un gran equívoco sobre los datos de los que se disponía o se debería haber dispuesto, y la consiguiente labor preventiva que, supuestamente, se podía haber llevado a cabo. Algunos fallos pueden ser tan embarazosos, o rozan tanto lo doloso, que es difícil que lleguen a aclararse. Respecto a otros muchos, cabe plenamente el argumento de que a toro pasado todo parece claro y sencillo. El problema consiste, como se puso de moda en decir en Estados Unidos después del 11-S, en «conectinig the dots». Se trata de esos dibujos infantiles en que uniendo por orden los puntos numerados, aparece un patito. La cuestión es que los puntos son demasiados y, sobre todo, no están numerados. Pero en el caso que nos ocupa, muchos de los puntos estaban muy agrupados y la figura que podría esperarse, la de un yihadista, estaba dentro de lo que se podía sospechar.

Los radicalizados de Ripoll y su radical imam, con variados antecedentes, algunos penales, aunque fueran por delitos comunes, a los que muchos yihadistas no son ajenos: drogas y financiación de atentados se relacionan. Sus múltiples viajes, la advertencia de un policía belga a un mando de los Mossos, la casa de Alcanar, sus habitantes okupantes, el robo masivo de bombonas de butano, la compra de una fuerte cantidad de sustancias, legales, susceptibles de utilizarse como componentes de un explosivo empleado por el Estado Islámico y otros muchos detalles, cada uno de los cuales difícil de advertir, aunque unos más que otros e improbablemente todos ellos, para miradas expertas y atentas. Unos cuantos, metidos en una buena base de datos ad hoc, podían haber hecho saltar una alarma que llevase a investigar más profundamente.

Lo que clama al cielo es la explosión de la casa de Alcanar. Los conocimientos en explosiones de los Mossos son incipientes en comparación a los de los Tedax de la Policía y Guardia Civil. Hasta un guardia urbano sabe que aquello no era gas sino explosivos. Si es cierto, como parece, que dado que la mera foto del penacho de humo y la forma en que la casa había sido reducida a pavesas indican, sin lugar a dudas, que no se trataba de gas sino de explosivos químicos, las autoridades catalanas tendrían muchas explicaciones que dar, que nunca darán, como nunca padecerán la pesadumbre que embarga a la juez que también les advirtió de esta anomalía. El hecho de que en el momento –un día antes de los sucesos de Barcelona y Cambrils– no se les permitiese a los cuerpos nacionales inspeccionar los escombros y el veto haya durado hasta el momento a lo largo de todas las pesquisas realizadas, lleva a preguntarse si se trata de una mezquina exhibición de las capacidades autonómicas o de un control de cualquier dato comprometedor que pueda aparecer.

¿Y de verdad al único superviviente lo llevaron a un hospital sin interrogarlo?