Indignación y rabia. Esto es lo que empiezan a sentir los profesionales sanitarios después de jugarse la vida durante semanas enteras para salvar las de los enfermos, sin apenas medios de protección por el retraso del Gobierno a la hora de adquirirlos y de adoptar medidas preventivas. Esta ira que inunda ya todos los hospitales madrileños y pronto llegará también a los centros de otras comunidades responde a la nota emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid requiriendo información precisamente a uno de los grandes hospitales de la capital, La Princesa, por las actuaciones que sus trabajadores llevaron a la práctica en los momentos más duros de la pandemia.

El escrito, firmado por la teniente fiscal María Luisa Ruesta Botella, se emitió el pasado 20 de mayo, aunque el registro de salida data del día 22, y va dirigido al gerente de dicho hospital, Fidel Illana. En él, la representante del Ministerio Público demanda como parte de unas diligencias de investigación la información que proceda «acerca de los criterios médicos que se han seguido en ese centro para el acceso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS), edad, patología, etc, así como el uso de respiradores».

Aunque no lo dice con estos términos, la Fiscalía trata de indagar sobre las razones y los criterios que se emplearon a la hora de aplicar los denominados triajes, unos métodos de selección de pacientes que se utilizan en sanidad cuando resulta imposible atender a un número determinado de ellos con los medios disponibles en un momento dado.

El enfado de los sanitarios tras difundirse de forma masiva el contenido de esta nota tiene que ver precisamente con la falta de equipos protectores y de medios asistenciales en los hospitales de esta comunidad y de la mayor parte del resto de España para ofrecer asistencia a la avalancha de pacientes que empezó a llegar a partir del 8 de marzo, hasta alcanzar su pico entre finales de ese mes y la primera quincena de abril. Como informó ayer este periódico, entre el 26 de marzo y el 7 de abril las UCIS de los hospitales españoles pasaron de atender a 3.679 ingresados por Covid-19 en estado crítico a asistir a prácticamente el doble, 7.069.

¿Qué ocurrió en plena eclosión de la pandemia? Ocurrió que centenares de infectados por el nuevo coronavirus acudían en demanda de atención médica a las urgencias de los hospitales, algo que se produjo de forma más intensa en los ubicados en núcleos poblacionales con mayores brotes de la enfermedad. Una vez examinados los enfermos, las urgencias decidían los ingresos en función del estado de salud observado y del espacio que hubiera en ese momento en las plantas de hospitalización. La avalancha de enfermos provocó ya en marzo que muchas de estas plantas estuvieran repletas y que centenares de enfermos tuvieran que esperar a veces días en las urgencias hasta que los hospitales pudieran encontrar sitio mediante la ampliación de camas, las altas o los fallecimientos de los ingresados.

Dada la carga que mostraba el virus en esos momentos, un número importante de los que estaban ya en planta empeoraron de tal manera, que se hizo necesario su ingreso en UCI. Pese a que la mayoría de los hospitales llegaron a triplicar sus camas de críticos, la falta de personal especializado y de equipos de ventilación mecánica adecuados bloqueó estas unidades. En numerosos centros, reconvertidos en auténticos hospitales de campaña en apenas unos días, los médicos se vieron en la obligación de elegir a qué pacientes ingresaban en ellas y a cuáles no en función de sus posibilidades de superviviencia.

En general, como informó este periódico, utilizaron modelos matemáticos en función de deteminados parámetros de salud entre los que figuraba la edad, pero también herramientas de triaje avaladas por las sociedades científicas para emplear en momentos críticos como las epidemias, en los que todos los recursos se convierten en insuficientes. Las UCIS de Madrid llegaron a tener a más de 1.600 ingresados en pleno pico de la pandemia y el sistema no daba más de sí, aunque fue aliviado en Madrid con la apertura del hospital de campaña de Ifema.

Los médicos consultados por LA RAZÓN culpan de la falta de respiradores al Gobierno. Ayer, este periódico informó de que apenas unas decenas de los miles de dispositivos de ventilación mecánica adquiridos por el Ministerio de Sanidad podían usarse realmente en las UCIS, ya que la mayoría, pese a pagarse a precios desorbitados, o eran para apneas del sueño, o no eran idóneos para la atención de enfermos de Covid-19 críticos, por tratarse de dispositivos con fallos de precisión o simplemente de transporte.

La nota de la Fiscalía ha puesto también en pie de guerra a los gerentes de los hospitales. Dos de ellos aseguran a este periódico que consideran «vergonzoso» que el Ministerio Público «se meta con los profesionales cuando la razón de que tuvieran que aplicar criterios de inclusión en las UCIS fue la falta palpable de materiales adecuados proporcionados por el Ministerio de Sanidad antes y después de la declaración del estado de alarma». Fuentes sanitarias aseguran que muchos de los médicos que tuvieron que adoptar decisiones tan trascendentales lo hicieron porque no quedaba más remedio y con el objetivo de salvar el mayor número posible de vidas. El contrasentido, aseguran, es que ahora, encima, sean objetivo de la Justicia, en lugar de que ésta se dirija contra la administración que actuó tarde y retrasó la compra de materiales o, simplemente, la hizo mal.

Fuentes jurídicas afirman por su parte que algunos jefes de servicio pueden tener problemas por no haber notificado de forma oficial la falta de recursos que había aquellos días y por no haber pactado unos criterios de triaje.