Comisión de precios: cuando las medicinas llegan tarde

El retraso en la aprobación de nuevos medicamentos es uno de los grandes males de la Sanidad española. La Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia) lo cifra en 629 días o, lo que es lo mismo, más de 1,7 años, desde que los autoriza la Agencia Europa de Medicamentos (EMA). Antes de que Pedro Sánchez formara el actual gobierno, allá por 2019, la demora era de 414 días.

¿Qué está pasando para que ocurra esto? Habría que distinguir dos fases. En la primera, puede decirse que la entonces directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, decidió aplicar un criterio restrictivo en las autorizaciones para mantener a raya a la pérfida industria, que fue ampliamente secundado en la Comisión de Precios por los representantes de las autonomías, las que pagan la factura farmacéutica. La entrada de estos representantes en el organismo alteró la preponderancia que había mantenido el Ministerio de Sanidad en el mismo, restándole poder pero avalando la política que desplegaba entonces.

La segunda fase comenzó con el relevo de Lacruz por César Hernández, con gran prestigio en el sector. A diferencia de su antecesora, Hernández decidió abrir la mano, porque no son de recibo las dilaciones que acumula nuestro país, pero se está topando con el muro autonómico al que dio pábulo Lacruz. El hecho es que ahora el Ministerio avala la autorización y las comunidades se la niegan para arañar unos fondos. Este galimatías puede aclararse tras el vuelco de las autonómicas. En breve, las regiones nombrarán representantes en la comisión y si los retrasos persisten, ya no será la culpa de los feudos socialistas, sino que serán los populares, ya mayoritarios, los que tendrán que explicar a los enfermos la causa de los retrasos.