Un minuto de gloria en la tele a costa de la salud pública

La lucha contra el tabaquismo constituye un objetivo de salud pública de primer orden en casi todos los países del mundo. Suecia, por ejemplo, es ya un país libre de humo, en el que los consumidores han sustituido el humo de los cigarrillos por otros productos alternativos menos nocivos para la salud o, simplemente, han abandonado el hábito. En Reino Unido, las autoridades sanitarias han dado luz verde al uso de estas alternativas para minimizar los daños en los adictos más recalcitrantes, y en Kenia, uno de los países más radicales en la lucha antitabaco, el consumo de esta sustancia está directamente prohibido y multado en el ámbito público.

Cualquier estrategia es buena si la meta fundamental es evitar el riesgo para la salud en la población y se aplica con convicción y disciplina prusiana. Lo malo es no tener estrategia, o variarla de un día para otro sin dar explicaciones convincentes al respecto, porque eso crea confusión en los destinatarios a los que supuestamente se pretende beneficiar. Malo es también instrumentalizar la salud pública a conveniencia para intentar ganar protagonismo político, como está ocurriendo en España con la nueva ley antitabaco. La famosa cruzada prometida hasta la saciedad contra esta sustancia por Mónica García desde que llegó al cargo arranca sin dos de las medidas más eficaces para reducir el consumo por divergencias gubernamentales ante las que la ministra de Sanidad ha capitulado, sacrificando la coherencia de sus decisiones por un minuto de gloria en el telediario. Se trata de la subida de precios y el empaquetado genérico. Sin ambas disposiciones, la norma nace coja y el loable objetivo de minimizar el daño del tabaco se aleja de forma notable. Es un quiero y no puedo con el que se pretende sacar rédito electoral.