El tabaco y la hipocresía del Gobierno

No para de colocarse medallas Mónica García por el paquete de medidas aprobadas contra el tabaco, entre las que destacan prohibir fumar en terrazas, recintos deportivos, espectáculos, estaciones de transporte y entornos educativos o sanitarios; prohibir la venta y consumo a menores; prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso; y equiparar vapers, bolsitas de nicotina y cachimbas con el tabaco convencional. Prohibiciones de todo tipo que llevarán a los fumadores a la clandestinidad, pagando cantidades extraordinarias por cada cajetilla. «Sólo queda que no condenen a latigazos o la lapidación», decía con sorna un fumador en redes. No sucederá, tranquilo, porque el Gobierno lo que quiere es que los que fuman sigan fumando, pues si todo el mundo deja de fumar, se acabó el chollo impositivo que María Jesús Montero tiene con los pitillos: por cada cajetilla que se vende, Hacienda se embolsa el 78,4% de su precio, o sea, de una cajetilla de 4,80 euros, 3,76 son impuestos. Eso permitió que Montero ingresara en las arcas públicas siete mil millones en 2024. Ergo estamos ante un caso de hipocresía suprema. Sería más fácil prohibir el tabaco, en vez de sumar tantas prohibiciones marginales y la satanización del fumador, por atentar contra los demás. O sea, se persigue al fumador después de haberlo saqueado.

Se sabe cuáles son los efectos perniciosos del que podríamos calificar como «contaminante número uno» de los seres humanos, pero los intereses eran tantos entonces que se optó por mirar para otro lado. Ahora se estigmatiza al fumador, cuando lo primero que habría que hacer es impedir que los gobiernos se lucren. Siendo el mayor contaminante que afecta directamente a la salud de las personas, es paradójico que sea fabricado para su consumo deliberado y que sus víctimas paguen por él. Un negocio redondo.