Vuelta al cole: caos, miedo e incertidumbre

JFaltan menos de tres semanas para que 8,5 millones de alumnos vuelvan de forma escalonada a las aulas que abandonaron precipitadamente el pasado mes de marzo, cuando los centros de enseñanza de toda España cerraron sus puertas ante el avance imparable de la pandemia de coronavirus y el estado de emergencia impuesto por el Gobierno. Tras ese fallido tercer trimestre, en el que las clases online trataron de suplir, con suerte dispar, a la enseñanza en las aulas, la ministra de Educación, Isabel Celáa, se comprometió a que en el nuevo curso 2020-2021 la educación presencial sería «irrenunciable».

Pero profesores y padres de alumnos, y la comunidad educativa en general, coinciden en señalar a LA RAZÓN que presencialidad no es sinónimo de seguridad, sino todo lo contrario en las circunstancias actuales de resurgimiento de la enfermedad, y admiten que sienten temor ante el riesgo real de que colegios e institutos se conviertan en focos de rebrotes que alteren bruscamente, una vez más, la cadena del aprendizaje.

«El curso pasado ya nos enseñó que la educación online tiene muchas lagunas y genera muchos déficits en el aprendizaje, y no queremos que esto vuelva a suceder, porque, en el fondo, la gran preocupación es que vayamos hacia una generación perdida», sostiene Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe). La ministra de Educación explicó en su día que hay poderosas razones para volver a la presencialidad, entre ellas frenar el crecimiento de la llamada brecha digital, satisfacer la necesidad de apoyo y contacto social de los alumnos y hacer frente a las carencias en la alimentación de los más desfavorecidos, que son cubiertas por los comedores escolares. Pero, ¿quién garantiza la seguridad? «Hay mucha confusión e incertidumbre entre el profesorado», prosigue Fernández, «porque a estas alturas del verano la inmensa mayoría de los centros aún no han elaborado los protocolos que garanticen la vuelta a las aulas con seguridad, y nadie sabe con certeza qué normas sanitarias deberán cumplirse en los colegios».

Fernández recuerda que, a finales del pasado mes de junio, los ministerios de Educación y Sanidad elaboraron una guía de recomendaciones con medidas de prevención e higiene para una vuelta a clase segura. Pero eran tan sólo eso, meras recomendaciones genéricas que luego las comunidades autónomas podían modificar a su antojo. «Las normas de cada comunidad son muy divergentes entre sí, y ello contribuye a acentuar aún más la confusión del profesorado. Por ejemplo, en Andalucía habrá un coordinador de Covid-19 en cada centro, pero no en otras comunidades. Ese coordinador, que podría ser un enfermero o enfermera, sería una figura fundamental para supervisar que se cumplen todas las medidas higiénico-sanitarias, cómo proceder si se detecta a un alumno con síntomas de coronavirus, cómo se comunica a la familia, cómo se hacen los aislamientos y los rastreos, cómo actuar si hay que clausurar el centro escolar o sólo una zona... Vamos a ir un poco a la aventura, improvisando sobre la marcha, como si no estuviéramos en plena emergencia sanitaria».

La mencionada guía distribuida por Educación y Sanidad se limita a recordar que es obligatorio mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros (sin decir cómo), que se debe dar prioridad a las actividades al aire libre (obviando las inclemencias del invierno) o hacer entradas y salidas escalonadas a los centros escolares para evitar aglomeraciones. Y para garantizar la distancia física entre alumnos recomienda ampliar el número de aulas (pero no de profesores, condición imprescindible para atender el desdoblamiento de las clases) compartimentando espacios más amplios para crear aulas más pequeñas y con menos alumnos, utilizando para ello comedores, bibliotecas, gimnasios o salones de actos, privando así a estas instalaciones (y a los alumnos) de su función original. ¿Dónde comerán entonces los estudiantes, en las propias aulas? ¿Dónde acudirán a consultar un libro o un manual? ¿Dónde y cómo practicarán deporte, sobre todo en invierno, cuando las actividades al aire libre están mucho más limitadas?

La guía, además, deja la puerta abierta a la creación en las aulas de lo que llama «grupos de convivencia estables» de entre 15 y 20 alumnos, conocidos ya como «grupos burbuja», cuyos miembros no podrán relacionarse con otros grupos para evitar contagios. El objetivo de esta medida es que, si se detecta un caso positivo en una clase, sólo habría que rastrear a los alumnos de esa clase, no al colegio entero. Pero el proyecto sólo genera escepticismo, cuando no incredulidad, en la comunidad educativa. «¿Cómo vas a impedir que 15 o 20 estudiantes de una clase se relacionen con los de la clase de al lado?», se pregunta Ramón Font, portavoz del Sindicat d’Ensenyament de Catalunya (Sindicato de Enseñanza de Cataluña). «Los alumnos tienen hermanos, tienen amigos en la clase de al lado, se mezclan en los recreos, comparten actividades extraescolares... Eso no es un grupo de convivencia estable; es otra cosa. Distinto sería si yo me llevo a una clase entera 15 días al monte para estudiar la naturaleza. Sí, debo reconocer que hay miedo y nervios entre el profesorado, porque como haya un caso en un centro se va a propagar como la pólvora», añade Font.

El portavoz sindical rescata, no sin cierta sorna, las polémicas palabras pronunciadas por la consellera catalana de Salud, Alba Vergés, el pasado 29 de junio, cuando dijo que «hay evidencias de que en ningún caso los niños contagian». Y se pregunta Font: «¿De qué evidencias habla? ¡Es puro marketing político!». Los estudios epidemiológicos sobre contagio y transmisión del Covid-19 en niños son escasos y se contradicen entre sí. El pasado mes de julio la revista «Science Daily» sostenía que «el coronavirus rara vez se transmite entre niños o de éstos hacia adultos». Pero más recientemente, un informe elaborado en Estados Unidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) admite que la Covid-19 puede propagarse entre los niños más fácilmente de lo que se pensaba. Y otro estudio también reciente publicado en la revista científica «JAMA Pediatrics» revela que los niños menores de cinco años tienen niveles más altos de Covid-19 en su tracto respiratorio que los niños y adolescentes de cinco a 17 años, que presentaban niveles similares a los de los adultos.

Las incertidumbres, hoy por hoy, ganan por goleada a las certezas. ¿Se combinarán la educación presencial y la docencia online? ¿Se van a reforzar las plantillas de profesores, de empleados de administración y servicios y de personal de limpieza y desinfección? ¿Cómo se van a financiar esos gastos? ¿Cómo se van a reducir los ratios de alumnos por aula en los centros escolares más masificados? Si hubiera brotes en los centros escolares, ¿hay un «plan b» para evitar que muchos niños, los de menos recursos, vuelvan a quedarse desconectados del sistema educativo?

Inicio de curso «caótico»

Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), apenas tiene respuestas para tantos interrogantes: «Ya vimos cómo fue de caótico este último fin de curso, y vamos camino de empezar el nuevo en la misma situación y con la misma incertidumbre. A las familias nos han ignorado; no hemos sido invitados a participar en ninguna mesa sectorial para poder exponer nuestros puntos de vista y nuestras inquietudes. Va a ser un inicio de curso muy complicado».

«A día de hoy», prosigue Caballero, «aún no sabemos si se han elaborado protocolos claros y viables para la incorporación a las aulas de nuestros hijos. Tampoco sabemos si tenemos que comprar libros o no, o conseguir tabletas y ordenadores por si un rebrote nos obliga a volver a la enseñanza online. Muchas familias no podrían hacer un nuevo desembolso económico, porque están ahogadas y hasta el cuello de deudas, o alguno de sus miembros está en un ERTE o en un ERE, o cobrando el paro... Todo esto es consecuencia de que el Ministerio de Educación no ha elaborado unas normas claras que se puedan ejecutar con la máxima seguridad. Y las comunidades autónomas, que tienen las competencias educativas, y ante el silencio de Educación, han cedido esas mismas competencias a los centros escolares, y éstos, a su vez, las han puesto en manos de los profesores, que no tienen por qué asumir esa responsabilidad. Si la educación en este país es obligatoria y gratuita, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es adaptar los centros a esta nueva realidad».