La Iglesia ofrece sus parroquias para la vuelta al cole

Las puertas de las parroquias están abiertas para lo que necesiten las administraciones públicas. Incluso para convertirse en aulas, si fuera necesario, ante la falta de espacios en los colegios e institutos para cumplir con las medidas de distanciamiento social. Desde que en marzo irrumpiera la pandemia, los obispos han puesto todas las instalaciones eclesiales a disposición de Moncloa, de gobiernos regionales y corporaciones municipales para transformarlas en albergues, comedores, hospitales de campaña y, ahora, en clases.

Según ha confirmado LA RAZÓN, este ofrecimiento se verbalizó en el encuentro del 30 de julio entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el secretario general del Episcopado, Luis Argüello. El propio Argüello reiteraba hace unos días la mano tendida de la Iglesia «por el bien común» a través de su cuenta de Twitter: «El curso escolar va a comenzar y todos estamos llamados a colaborar: administraciones, equipos directivos, profesores, personal de servicios, alumnos y familias». «Que el miedo no nos paralice, ni el echarnos las culpas unos a otros nos distraiga», añadía el también obispo auxiliar de Valladolid.

El escaso margen de maniobra para la reducción de la ratio de alumnos, el desdoble de clases o la creación de grupos burbuja ha llevado a algunas autonomías a considerar la posibilidad de levantar barracones en algunos centros educativos. Un gasto en infraestructuras que podría reducirse y en el que la Iglesia podría jugar un papel de apoyo complementario. Sobre todo, por la red capilar que conforman las 23.000 parroquias y otros tantos centros sociales diseminadas tanto en el ámbito urbano como rural, con sus correspondientes salones en los que se imparte formación, catequesis, se reúnen grupos de reflexión y oración. O lo que es lo mismo, espacios medianamente equipados para poder adaptarse con facilidad como aularios provisionales.

«Hasta ahora no hemos tenido respuesta, porque no sabemos hasta qué punto han concretado el gobierno central y los responsables regionales cómo van a distribuir a los niños», explica un prelado a este periódico, que considera «poco probable» que se eche mano de las parroquias puesto que «lamentablemente siempre están ahí los prejuicios contra la Iglesia, pero, si nos lo piden, somos rápidos en reaccionar. Lo hemos demostrado durante el confinamiento».

No en vano, a lo largo de la cuarentena y la desescalada han sido muchos los edificios católicos reconvertidos de un día para otro. Ahí está el seminario de Soria, que sirvió de hogar para decenas de militares de la Unidad Militar de Emergencia desplazados a la provincia dentro de la Operación Balmis. O los jesuitas de Lérida, que transformaron la parroquia Sant Ignasi de Loiola en albergue para los temporeros sin techo en mayo, en una de las regiones más castigadas con los rebrotes, cuando otras entidades públicas y privadas se negaban a acogerles.

Desde el Episcopado confían en las relaciones «de tú a tú» que hay en la mayoría de los casos con los consejeros de Educación y los alcaldes, «sean del partido que sean», para llegar a acuerdos concretos en cada ciudad o en cada provincia. Así ha sucedido en Roma, con un mes de adelanto. El mismo día que Argüello tendía la mano a Celaá, en la capital italiana se firmaba un acuerdo de cesión de parroquias como aularios entre la alcaldesa romana, Virginia Raggi, el consejero educativo del Lazio, Rocco Pinneri, y el cardenal vicario de Roma Angelo De Donatis.

El ejemplo de Roma

El proyecto incluye la cesión de las parroquias de la diócesis del Papa durante el curso 2020-2021, que podrá prorrogarse, según reza el documento, «en base a la experiencia adquirida en su ejecución». En el mes de agosto las administraciones se han dedicado a identificar las escuelas e institutos con espacios más precarios y a analizar cuáles, de las 330 parroquias romanas, podrían responder mejor a las necesidades de alumnos y profesores. A partir de los informes elaborados, el Vicariato de Roma actúa como intermediario entre los párrocos y los responsables de los centros educativos para elaborar convenios personalizados sobre los tiempos y espacios de uso, así como la finalidad de las actividades que acogerán. De esta manera, ya se están aclimatando los lugares, tal y como explica el protocolo, «según sus posibilidades, espacios cerrados y áreas descubiertas». Tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo regional se responsabilizan de la dotación de infraestructuras necesarias -–incluso, de las obras, si fuera necesario–, así como de los correspondientes seguros y de la limpieza.

Este pacto episcopal con la alcaldesa de Roma supone además el fin de cinco años de desencuentros desde que el Ayuntamiento reclamara el pago del IMU, un impuesto similar al IBI sobre los edificios eclesiales. «Esta fructífera sinergia adquiere un gran valor histórico y social. Revela la importancia de la indispensable cooperación entre las instituciones civiles y la comunidad eclesial», defiende el secretario general de la Diócesis de Roma, Pierangelo Pedretti. «Se trata de la participación de la sociedad civil en un sentido amplio, sin diferenciar entre niños creyentes y no creyentes», plantea Rosario Salamone, directora de la Oficina Escolar de la diócesis romana.