El Tribunal Superior obliga a reabrir los bares y restaurantes de los municipios en “zona roja” del País Vasco

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aceptado cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir los locales de los municipios que se encuentren en ‘zona roja’ por la elevada tasa de contagios por covid-19.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha adoptado esta medida cautelar solicitada el pasado 4 de febrero por los hosteleros vascos a través de un recurso en el que reclamaron que se eliminara la medida decretada por el Ejecutivo de clausurar bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en los que la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Esta restricción se extendía también a municipios más pequeños con alta incidencia del virus.

El alto Tribunal ha decidido, de forma provisional, aceptar la reclamación de las Asociaciones de Hostelería, a la espera de entrar en el fondo del asunto y tomar una decisión definitiva. Estima el tribunal que, con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería “no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”.

Pese a la posibilidad de su reapertura, determinada por el TSJPV, los establecimientos hosteleros deberán mantener otra serie de restricciones y obligaciones establecidas por el decreto del Gobierno Vasco, como el cierre a las 20.00 horas y apertura a las 6.00 horas, mantener un aforo reducido del 50%, garantizar la distancia de metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes, la agrupación de clientes por mesa con un número máximo de cuatro clientes, y la prohibición de consumir en barra o de pie.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la decisión del TSJPV muestra que el País Vasco carece de “seguridad jurídica” para adoptar las medidas necesarias. Zupiria ha opinado que esta resolución abre de nuevo el debate sobre la “capacidad real” que tienen los poderes autonómicos para adoptar las medidas correspondientes en cada caso para frenar la pandemia.

En este sentido ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido “con frecuencia” en que en el País Vasco quería contar con “todas las herramientas posibles para responder en cada caso a la situación sanitaria” con “toda la garantía jurídica”. ”A la espera de la resolución del TSJPV, es posible que esa decisión aceptando las medidas cautelares ponga en cuestión si efectivamente disponemos de la garantía y seguridad jurídica necesarias para adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a esta situación”, ha indicado.

Zupiria ha añadido que, independientemente del sentido de la decisión judicial, está claro que en los próximos meses la sociedad vasca va a tener que convivir de manera “respetuosa” con las medidas sanitarias establecidas y tendrá que tener en cuenta las restricciones de movilidad y de encuentro entre personas.