El número de abortos voluntarios cae un 11 % durante 2020

Española, con estudios, sin hijos-previos- y con trabajo por cuenta ajena. Estos son algunas de las características que definen el perfil de la mujer que ha abortado en España en 2020, un año marcado por la pandemia de covid en el que, según los datos Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que realiza anualmente la Dirección General de Salud Pública-dependiente del Ministerio de Sanidad- se han registrado un total de 88.269 abortos, lo que supone un descenso del 10,97% respecto al año anterior.

Esta disminución, además, se ha producido en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos de edad. Así, durante el año pasado, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) fue de 10,30 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 11,53 de 2019.

Continuando con el perfil, se trata de una mujer que, en su gran mayoría, decide por sí misma interrumpir la gestación (el 90,87 %), frente al 5,73% que afirma haberlo hecho por grave riesgo para su vida o su salud y, el 3,1 % que alega riesgo de graves anomalías en el feto. La mayor parte (71,85%) lo llevó a cabo durante las primeras semanas del embarazo, mientras que sólo el 0,18% lo hizo más allá de la vigésimo tercera semana.

En el 64,41% de los casos, la mujer no había abortado anteriormente, un 41% reconoció que no usaba ningún método anticonceptivo y su interrupción del embarazo gestación fue llevada a cabo con un método quirúrgico (76%).

Situación laboral

Según el Registro, más de la mitad de las mujeres (52,32%) que interrumpieron voluntariamente su embarazo eran trabajadoras por cuenta ajena, un 23,22% no tenían empleo y un 11,35% estaban estudiando. Un 45,82% tenían ya uno o dos hijos, mientras que el 45,62% no tenía ninguno.

Entre las mujeres con hijos que abortaron en 2020, un 25,44% vivían con su pareja y un 8,91% solas. Por su parte, entre las que no tenían hijos, un 20% vivía con sus padres u otros familiares, un 13,89% en pareja y, un 8,47%, sola. Sobre el nivel de estudios, el 66,21 % tenía estudios de ESO, Bachillerato o ciclos de FP equivalentes. En cuanto a la nacionalidad de las mujeres, la mayoría de ellas (65,8%) eran españolas.

Por otro lado,las 88.269 IVEincluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51% de los mismos centros derivados (concertados o no) y el 15,49%, centros públicos. Cuatro comunidades autónomas –Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia– no han notificado ningún aborto en un centro sanitario público a lo largo de 2020.

En concreto, esta es la realidad que más preocupa al Gobierno, dado que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 tenía un objetivo principal: llevar las IVE a la red pública. Los datos muestran que, por el momento, no se ha logrado.

La polémica del registro de opositores

La causa principal, en opinión del Ministerio de Igualdad y un buen número de diputados socialistas, es la objeción de conciencia, que permite a los facultativos del sistema público negarse a realizar abortos. Por ello, la reforma de la Ley del aborto pretendía incluir en su borrador la creación de un registro de médicos objetores, con el fin de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales y centros públicos. Pero Sanidad descartó categóricamente esta opción. «No hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia», señaló la ministra, Carolina Darias.

A consecuencia de las discrepancias internas, finalmente el texto no menciona nada sobre el registro de objetores y solo hace referencia a la voluntad establecer medidas y protocolos para evitar inequidad en el acceso al aborto en la sanidad pública y en las diferentes autonomías. Además, manifiesta la necesidad de que se incremente prevé que la formación del médico en la materia: “Otro elemento esencial para la garantía del derecho a la salud sexual y reproductiva pasa por la formación de las y los profesionales sanitarios, y por potenciar la investigación y los estudios, así como el fomento de buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos y las relaciones respetuosas e igualitarias”.

Registro de “no” objetores

Por su parte, el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un “punto de equilibrio” entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores. En su opinión, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia “no tiene sentido” porque “si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto”. “Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace”, ha precisado De Montalvo.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en “los protagonistas”, se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.