Igualdad presiona para que los médicos hagan más abortos en la sanidad pública

Unidas Podemos y el PSOE vuelven a chocar. Esta vez lo han hecho a cuenta del aborto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró ayer que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá listo un borrador de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uno de sus objetivos será regular el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, «como ya se hizo con la ley de eutanasia».

El planteamiento de la ministra de la formación morada choca con el de la titular de Sanidad, Carolina Darias, quien descarta la realización de tal reforma. Ajena al rechazo de su compañera de Gobierno, Montero calificó el cambio legislativo de «urgente» y anunció próximas reuniones con «entidades y organizaciones» para «poner el en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la sanidad pública y la educación sexual», en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Ep.

Según Montero, «en España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales», insistiendo en la necesidad de regular la objeción de conciencia, un derecho individual que, «hay que proteger», pero que, a su juicio, se está convirtiendo «en una práctica para impedir el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos».

Montero insistió en que la práctica de abortos den los hospitales públicos se ve «como un estigma» que «dificulta que muchos profesionales decidan lanzarse a cumplir con un derecho de la mujer». Según el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo del Ministerio de Sanidad, ningún hospital público de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia notificó la realización de abortos en el año 2019, mientras que sí los practicaron clínicas privadas de estos territorios. En concreto, en Madrid los hicieron siete clínicas privadas; en Extremadura, una; en Castilla-La Mancha, dos; en Aragón, dos; y en Murcia, cinco. Cataluña encabeza la lista de intervenciones tanto en centros públicos como privados, seguida de la Comunidad Valenciana.

Además de por la ministra de Sanidad, la postura de Montero tampoco es respaldada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien salió en defensa del Hospital Clínico San Carlos tras negarse los médicos a practicar un aborto a una mujer porque no se puede obligarles a actuar contra su conciencia cuando «salvan vidas y no lo contrario». Así lo dijo en el pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta de la portavoz de MasMadrid, Mónica García, quien atacó a la presidenta por «hacer la vida imposible a las mujeres que quieren abortar en la Sanidad pública». Ayuso aseguró desconocer el caso de la mujer pero aseguró que no va a obligar a ningún médico de la Sanidad pública a practicar un aborto en contra de su conciencia, ya que «el motivo por el que fue compañero de carrera» de la portavoz de MasMadrid y que «estudió medicina» fue para «salvar vidas y no para lo contrario».

Los médicos tampoco apoyan la regulación del derecho de objeción de conciencia por considerarlo algo «inapropiado, inaceptable, ilegal e injusto». En un comunicado emitido con anterioridad a la nueva polémica, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos manifestó que la objeción de conciencia es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones o creencias. «Forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, lo que además de inconstitucional es una mala solución, que desde la perspectiva de la profesión médica se consideraría inaceptable, ilegal e injusta». «Mejor sería que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse», aseguraba. Se trata de un mensaje que ayer repitió esta organización a través de un portavoz

Según la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en España se practicaron 99.149 interrupciones voluntarias del embarazo en 2019, último año del que se tienen datos. Se trata de 3.232 más que las contabilizadas en 2019. Aunque la cifra no para de crecer desde 2014, cuando ascendió a 94.796, el número de abortos de 2019 no llegó al récord en 2019.

Las estadísticas del departamento que dirige Carolina Darias consignan en concreto que en 2011 se contabilizaron 118.611 intervenciones de este tipo en nuestro país, cifra que empezó luego a remitir hasta volver a experimentar un nuevo repunte en 2016, subida que tres años después se ha mantenido.

En cuanto a la semana de gestación, un 70,97% de las interrupciones se produjeron a las 8 o menos semanas, un 23,63% entre la semana 9 y la 14, un 5,22 entre la semana 15 y la 22, y un 0,18% a partir de la semana 23, según el informe del Ministerio.