Luz verde al cambio de sexo desde los 12 años

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, la ley trans y de derechos de las personas LGTBI, desoyendo así el dictamen delConsejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cuestiona que los menores de 14 a 16 puedan cambiar de sexo sin constatar antes su «madurez». Un hecho que se produce justo un año después de que el Ejecutivo intentara sacar adelante, sin éxito, su anteproyecto de la ley trans o anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y es que, en ambas ocasiones, el Gobierno ha hecho coincidir su aprobación con la semana del Orgullo.

Desde el Ministerio de Igualdad señalan que el texto de la norma, que pasará ahora a la fase de tramitación en el Congreso, ha sido «actualizado» y «mejorado», pero no reviste «grandes cambios». Un anteproyecto, el auspiciado por el ministerio que dirige Irene Montero, que sigue generando fuertes debates por la autodeterminación de género o el cambio de sexo de los menores sin autorización de sus padres.

De hecho, decenas de organizaciones feministas de toda España han mostrado su rechazo porque, según argumentan, la ley promovida por el Ministerio de Igualdad supone un «retroceso en la protección» de los derechos de las mujeres, tal y como exponía también el CGPJ. A juicio de estos colectivos, que han llegado incluso a pedir la dimisión de Montero, la ley trans «borra» la lucha de las mujeres y las «ignora y desprecia».

«Es una ley muy importante que viene a continuar con la tarea y la labor que este país emprendió en el año 2005 con la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo del presidente Zapatero», explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. «Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad lo llevamos en segunda vuelta, la ley trans llega al Congreso antes del verano como nos habíamos comprometido», añadió la ministra.

Según el texto que llega ahora al Congreso y que comenzará los trámites parlamentarios, se establece la autodeterminación del género y despatologización, es decir que la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio de sexo en el Registro y se acaba así la exigencia de informes médicos o psicológicos y de testigos.

Desde los 16 años se permitirá el cambio de sexo registral de forma autónoma. Entre los 14 y los 16 años, los menores deberán ser asistidos por sus padres o tutores legales y los menores de 12 y 13 años necesitarán autorización judicial para el cambio. Además, las personas de menos de 12 años podrán cambiar el nombre en el DNI.

El proceso administrativo durará un máximo de cuatro meses y las personas trans tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y solicitar el cambio. A los tres meses deberán volver al Registro para ratificar su decisión y en un mes se dictará la resolución.

Por otro lado, la ley prohíbe las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género. En cuanto a maternidad, filiación e intersexualidad, se garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y se modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

En el caso de los menores intersexuales, es decir, que presentan al nacer características físicas de ambos sexos, se prohíben las cirugías de modificación genital hasta los 12 años.

La legislación impulsada por Montero también hace hincapié en asuntos de sensibilización y formación y apuesta por la inclusión del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en el currículo educativo de todas las etapas, así como formación de profesorado en esta materia. Así se promocionarán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Según el texto, se deberá promover la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI en el ámbito laboral y en la convocatoria de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. También se implementa una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans incorporará medidas de acción positiva para este colectivo en el ámbito laboral, educativo y sanitario.

Además, el proyecto incluye un régimen de infracciones y sanciones por actos de discriminación a las personas LGTBI, con multas que van desde los 200 euros por insultos o pintadas, por ejemplo, a un máximo de 150.000 euros por prohibir el acceso a un bar o a una piscina o no alquilar una vivienda a una persona del colectivo, ha señalado Montero. La ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la conocida como ley Zerolo, que se aprobará definitivamente este jueves en el Congreso, incluye un régimen de sanciones aún más duro, con multas de hasta 500.000 euros.

Las polémicas

Sin duda, una ambiciosa ley que ha provocado numerosas reacciones y críticas. Entre los temas que más polémica han suscitado se encuentra la limitación al extremo el papel de los médicos y los padres en el cambio de sexo. La ley recoge el cambio registral de sexo y no de género, como reclamaban los socialistas, lo que supuso uno de los puntos más controvertidos en la negociación. En este sentido, la ley elimina el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico que acredite «disforia de género» y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil.

En cuanto a la protección legal, la persona mantendrá sus derechos y obligaciones jurídicas anteriores al cambio de sexo registral, haciendo referencia explícita a la ley contra la violencia de género. Se remarca así, la imposibilidad de que un presunto maltratador cambie su sexo legal para evitar una condena con agravante por razón de género. Así, por ejemplo, se tendrán en cuenta las circunstancias que se daban en el momento del delito: un hombre no podrá solicitar el cambio de sexo una vez haya sido denunciado.

La Asociación No Binaries España lamentó que el colectivo haya sido excluido del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y espera que la tramitación del texto en el Congreso subsane esta situación. «Una ley que no incluya a todas, todos y todes no es una ley que respete los derechos humanos. Lamentamos profundamente la decisión de seguir excluyéndonos a las personas trans no binarias de la ley. Esperamos que en el proceso de enmiendas se subsane esto», aseguraron desde la organización.