La retribución a médicos de la privada sube entre un 7 y un 10%

La situación de la atención sanitaria en España se complica por momentos. A las protestas de los médicos de la sanidad pública por las condiciones laborales del personal de Atención Primaria se suma otro histórico conflicto: el de la sanidad privada y sus retribuciones por parte de las compañías aseguradoras.

Los profesionales de Madrid y Sevilla han anunciado paros o jornadas de reflexión para la segunda mitad de enero, lo que complicaría aún más la asistencia sanitaria. Los paros incluirán la atención en consulta a los pacientes de las compañías privadas, y podría extenderse a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si no hay negociación. Así lo anunciaba hace unos días el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona.

Por su parte, la Asociación de médicos de ejercicio libre (Unipromel), presentó hace un mes una nueva queja por infracción del Reglamento 1/2003 sobre el abuso de posición dominante de las compañías aseguradoras ante la propia Comisión Europea, uniendo el caso español a otros que se encuentran en una situación similar: Grecia y Portugal. Con ello tratan de contraatacar ante la respuesta que el organismo le dio hace un año, cuando no consideró oportuno intervenir por tratarse de un problema nacional.

Por su parte, las compañías privadas niegan que las tarifas que pagan a los médicos estén «congeladas» desde hace 30 años. Fuentes del sector consultadas por LA RAZÓN aseguran que los baremos se actualizan con una periodicidad anual –en ocasiones, cada dos años– en relación con las subidas del IPC y que, en concreto, para el año 2023 las grandes compañías los han subido entre un 7 y un 10%.

«Este año, con la subida de la inflación y la crisis, todo ha ido en cadena. Los proveedores nos lo intentan repercutir, particularmente los hospitales, y es normal que los médicos se quejen de esto. Por ello hemos subido los baremos. Las aseguradoras hacemos el esfuerzo de subir esto a nuestros clientes para que lo que ganan los médicos mejore», destacan.

Primas insostenibles

En esta subida hay una excepción, que es la atención a los clientes de mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas), por la que los médicos no perciben ni un euro más, dado que «la insuficiencia de prima es insostenible, lo que hace que el resultado de este colectivo sea catastrófico, un agujero negro: en 2022 llevamos más de 180 millones de euros de pérdidas entre las tres aseguradoras que atendemos pacientes de estos colectivos». Según los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Muface es la entidad con mayor número de beneficiarios (66%), mientras que Isfas cuenta con el 30% y Mugeju con el 4% restante. Este modelo de asistencia sanitaria arrastra importantes carencias en su sistema de financiación, sobre todo por el aumento del IPC y la falta de fondos. «Las aseguradoras estamos financiando algo que es sanidad pública 100%. Si las tres aseguradoras que trabajamos con estas mutualidades nos vamos, el Sistema Nacional de Salud quiebra», sentencian.

De hecho, la Dirección General de Muface anunció hace un par de semanas que se está planteando un incremento del presupuesto del concierto sanitario firmado para los años 2022-2024, tras las incidencias y las quejas recibidas por recortes en los cuadros médicos y centros sanitarios en diferentes puntos de España, de las que se hizo eco la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Así se lo trasladó a CSIF la directora general de Muface en la reunión mantenida el pasado 14 de diciembre por el Consejo General de esta mutualidad. De hecho, Muface tiene previsto analizar junto a las compañías aseguradoras el incremento de los costes, en el actual contexto de inflación, para justificar una mayor dotación presupuestaria.

El concierto de Muface contempla un fondo de 3.571 millones de euros y una prima (cantidad con la que participa la Administración en la atención sanitaria) que se incrementará hasta el 10%, de manera progresiva, a lo largo de los tres años de vigencia del concierto.

CSIF ha valorado de manera positiva la voluntad de Muface para revisar el presupuesto. «A lo largo de 2022 hemos alertado sobre la pérdida de especialidades, reducción de cuadros médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas, entre otras, como consecuencia de la limitación presupuestaria. Nuestras denuncias motivaron incluso un requerimiento de información por parte del Defensor del Pueblo», señalaban en un comunicado al respecto.