Los regantes estudian medidas legales contra el caudal del Tajo

El Gobierno central aprobó este martes –junto a otras 11 demarcaciones hidrográficas más– el plan hidrológico para la cuenca del Tajo, que en la práctica supondrá un recorte de las aportaciones al río Segura, hecho que ha provocado encendidas críticas por parte de las comunidades autónomas afectadas.

El establecimiento del caudal ecológico mínimo se aplicará de forma progresiva y tendrá como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí al año 2027.

En este sentido, la Junta de Andalucía «llegará hasta donde haya que llegar para defender los intereses de los andaluces con la solidaridad del agua», según la consejera de Agua, Carmen Crespo, quien aseguró que el caudal ecológico del Tajo se debe a un «pacto contra natura» y que los servicios jurídicos de la Junta ya estudian cómo recurrir al Tribunal Supremo.

Crespo recordó que este caudal ecológico supone un recorte de 105 hm3 en el trasvase del Tajo al Segura, e insistió en que a pesar del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la necesidad de crear caudales ecológicos, no se precisa el volumen de los mismos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció que el Consell rebajará en diez céntimos el precio del agua desalada fijado por el Gobierno, con lo que pasará de 34 céntimos por metro cúbico a 24, y aseguró que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que analice con detalle el recorte del trasvase Tajo-Segura.

«Todo lo que sea lesivo para los intereses de la Comunitat Valenciana lo vamos a recurrir», garantizó, además de avanzar que solicitará la constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras hídricas proyectadas en la Vega Baja de Alicante y que este órgano contará con la participación de los regantes, informa Ep.

Puig, también líder del PSPV, reiteró que el Consell seguirá ayudando a los regantes porque «el gran objetivo no es la utilización política permanente del agua».

Por su parte, el diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón subrayó que el «recorte» del trasvase Tajo-Segura aprobado por el Consejo de Ministros supone un «ataque directo de Pedro Sánchez a la provincia de Almería» que va a «suponer la ruina para cientos de agricultores y familias que viven de este sector primario en el Levante almeriense».

En una nota de prensa, Castellón lamentó que el presidente del Gobierno «no haya escuchado el clamor de los agricultores de Almería, Murcia y Alicante, que le han pedido en muchísimas ocasiones que no perpetre esta tropelía que va a suponer la pérdida de muchísimos empleos y de generación de riqueza en la provincia». Para el dirigente popular, se trata de «un nuevo castigo en materia hídrica a una tierra especialmente perjudicada por la sequía».

Desde un punto de vista económico, la federación de productores y exportadores hortofrutícolas Fepex mostró también ayer su preocupación tras la aprobación del recorte del trasvase Tajo-Segura por el Consejo de Ministros que, a su juicio, «afectará gravemente a las producciones del Levante».