El 21,4% de los menores vive en casas insalubres

La vivienda, como espacio físico de la crianza, juega un papel esencial en el crecimiento y desarrollo físico, intelectual y emocional de la infancia. Sin embargo, a pesar de esta importancia fundamental, sufragar el coste de la vivienda o asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad supone hoy día un quebradero de cabeza para muchas familias en España, cuando no un factor de empobrecimiento. En este sentido, la vivienda representa un factor determinante para la exclusión social en nuestro país. Lo es en la actualidad y, significativamente, lo ha sido en todas y cada una de las crisis económicas de este siglo.

El auge y desplome de la actividad inmobiliaria en la primera década del siglo XXI hizo insostenible el endeudamiento hipotecario asumido por muchas familias y visibilizó como nunca antes los desahucios como forma más extrema de exclusión residencial, así como su impacto sobre la infancia. Posteriormente, el estallido de la pandemia y los meses de confinamiento volvieron a poner el foco en la vivienda como factor de riesgo de exclusión. Por un lado, se han redescubierto las carencias, con hogares del todo inadecuados para la dignidad de muchas familias y sus hijos e hijas.

Según el estudio «Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España» elaborado por Save the Children, en España, el 8,4% de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España, el doble de la media de la Unión Europea (4,3%).

En el actual contexto de inflación, de aumento de los alquileres y de las cuotas hipotecarias ante el constante incremento de tipos de interés, España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca (un 6,5%), sólo por detrás de Grecia e Irlanda, y por encima de la media europea (3,2%).

El alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, les están provocando enormes dificultades de pago. Esta sobrecarga afecta a 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler. Son aquellos que tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza.

«Debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer», relata en el informe de esta ONG Manuela, madre separada de 45 años que vive en Sevilla con sus dos hijos.

Aunque la pandemia trajo consigo las medidas positivas del llamado «escudo social», que estaban centradas en moratorias al pago de alquileres e hipotecas, la garantía de suministro o la prohibición de desahucios, el actual contexto del mercado de la vivienda podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. De hecho, se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios (casi 700.000 en España desde 2008) afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.

La crisis de la vivienda en España ha adquirido una dimensión insoportable y genera exclusión a distintos niveles que, en algunos casos, se solapan: territorial, generacional, social o de renta, entre otros. Según denuncia Andrés Conde, director de Save the Children, «Dos de cada 10 niños y adolescentes (el 21,4%) viven en casas insalubres, que presentan goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. Esta situación repercute en su salud física y mental».

Vivienda social escasa

España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, ya que apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque). Esta situación se explica fundamentalmente, según los responsables de la ONG, por dos motivos: el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y, además, a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre. En este contexto, «se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales», subraya Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

En nuestro país hay 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. Sin embargo, en 2020 solo 25.000 familias con niños, niñas y adolescentes a cargo recibieron una prestación para la vivienda.

Las madres solteras, las más vulnerables

En España hay 158.000 hogares monoparentales (en su mayoría, encabezados por mujeres) de alquiler que soportan una carga a menudo inasumible. De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si establecemos el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda (sin contabilizar suministros). «Con este panorama, una ayuda complementaria de hasta 200€ podría aliviar la carga que les supone la vivienda a todas ellas. Asumiendo una cobertura total, una ayuda de estas características necesitaría un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente», apuntan desde Save the Children. De igual modo, las familias numerosas también se enfrentan a situaciones de dificultad, y su esfuerzo financiero solo es superado por el de las familias con un solo progenitor.