Un 30% de las universidades privadas están en la cuerda floja

Según la exigencia del Gobierno en relación al mínimo de alumnos que deben tener las universidades privadas (4.500) para superar los criterios del nuevo decreto de regulación de estos centros, y según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, si nos centramos en el número de estudiantes requeridos, serían 14 las que tendrían que cerrar, mientras que las universidades públicas cumplirían con este requisito. Es decir, una de cada tres universidades privadas (el 30,43%) no podría continuar operando. Entre las afectadas: Abat Oliba CEU (2.641 alumnos), Cunef Universidad (2.569), Euneiz (303), Europea de Canarias (2.275), Intercontinental de la Empresa (259), Internacional Villanueva (2.001), Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

(1.380), Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) (2.033), ESIC Universidad (2.539), Atlántico Medio (3.975), Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (4.301), San Jorge (3.614), Internacional de la empresa (2.248) y Hespérides (134).

Tampoco los responsables de las comunidades autónomas están contentos con el decreto de nuevas universidades. Ayer mismo, y como ejemplo, la Generalidad Valenciana presentó alegaciones al decreto de nuevas universidades por «invasión de competencias autonómicas exclusivas» por parte del Gobierno central y criticó que la modificación que pretende la ministra de Universidades, Diana Morant, «sea a la carta».

El consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, manifestó su «preocupación» por la «vulneración del marco constitucional y estatutario», alertando de una invasión de competencias autonómicas exclusivas por parte del Estado central. Así, denunció que Diana Morant «vulnera la Ley Orgánica del Sistema Universitario -LOSU- y el Estatuto de Autonomía al querer dar al Estado competencias de universidades que son exclusivas de las comunidades autónomas».

En particular, desde la Consejería se rechaza la nueva definición de «universidades de especiales características» que, por su modalidad docente virtual o híbrida, quedarían automáticamente bajo tutela del Gobierno, contraviniendo lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario.