La abadesa de Belorado echa a los mediadores de la Iglesia

Los mediadores oficiales de la Iglesia no son bienvenidos en el convento cismático de las clarisas de Belorado, que decidió romper con Roma el pasado 13 de mayo. Este jueves lo han dejado meridianamente claro cuando se personaron en el cenobio los tres interlocutores propuestos por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. En calidad de comisario pontificio de la Santa Sede, esto es, responsable de solventar la crisis y con poder total sobre el monasterio, Iceta envió a una monja clarisa, al abogado de la diócesis y al notario del Tribunal Eclesiástico. A ellos se unía una notario, María Rosario Garrido.

El objetivo de la visita, según la versión de la Archidiócesis burgalesa, era iniciar un diálogo con las consagradas y notificarles cómo afecta, tanto en la gestión como en materia pastoral, su abandono de la Iglesia.

Según el relato de los tres emisarios, fueron atendidos por una de las religiosas, sor Belén, en el torno y posteriormente por otra, sor Sión, en el locutorio, con el fin de solicitar una entrevista con la abadesa defenestrada, sor Isabel de la Trinidad. Para la sorpresa del grupo, salvo la notario, tal y como reza la nota de prensa enviada por el Arzobispado de Burgos, la ex abadesa comunicó que «los demás ‘no eran bien recibidos’ en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse».

Dicho y hecho. Minutos después se personó una patrulla de la Guardia Civil, que informa de que se practicarían «diligencias a prevención» y que, posteriormente, se entrevistarían con las monjas. Tras dialogar con los agentes, el grupo abandonó el convento. Mientras tanto, la notario sí pudo entrar en una de las estancias del convento y entregar «los requerimientos pertinentes, tanto civiles como canónicos».

Por el momento la comunidad cismática no se ha manifestado al respecto de estos hechos. Por su parte, el Arzobispado de Burgos sostiene que la llamada de las monjas a la Guardia Civil «puede interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo». «Aun así, el comisario pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución», relatan desde la Archidiócesis.

Pero, ¿quiénes componían el trío que acompañó a la notario para intentar destensar las relaciones con las monjas? Por un lado, se encontraba sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, con el fin, según relata el Arzobispado, de «establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, de modo particular con las más mayores». La acompañaba Rodrigo Saiz, en calidad de apoderado del comisario pontificio, «para comunicar las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios». Cerraba el grupo Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, responsable de transmitir las notificaciones pertinentes de este Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica.