Los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón y Asturias se han comprometido este lunes a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que esta herramienta solo sirve para "estigmatizar" a los sanitarios.

Los representantes políticos de estas regiones han hecho estas declaraciones tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde les exige poner en marcha dicho registro, obligatorio desde 2024, para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubieran hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, ha advertido el presidente en la misiva.

Ayuso, quien ha afirmado que se tomará un tiempo para ser "certera" en su respuesta a Sánchez, ha asegurado que no es partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por "practicar o no querer practicar un aborto".

La presidenta madrileña ha expuesto que esta carta forma parte de "una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente" y aunque no ha aclarado qué contestará a la misiva de Sánchez, sí ha dejad clara su postura contraria a "estigmatizar" al personal sanitario.

"Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra", ha coincidido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha estimado que Sánchez "quiere poner el aborto en el centro del debate" para evitar que se hable de que "hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal".

Azcón ha recalcado que su Gobierno "respeta y respetará siempre las leyes", y se ha comprometido a poner en marcha el registro "sin ningún problema" porque nadie está "cuestionando" la ley.

Por su parte, la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha subrayado que la prestación del aborto en la sanidad pública en su región está garantizada, aunque todavía no cuente con un registro de médicos objetores.

García ha subrayado que Baleares está "cumpliendo la ley" y ha avanzado que el decreto para hacer posible el registro de objetores "está en vías de desarrollo", pendiente de los informes del Consejo Consultivo y el Instituto de la Mujer.

"Lo tendremos", ha respondido sobre el plazo de tres meses que ha fijado el presidente para cumplir con ese trámite legal.

Desde Asturias, la única región socialista que no cuenta con el registro de objetores de conciencia, el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo "a la mayor brevedad" a través de un decreto.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha confirmado que el Servicio de Salud del Principado ya ha dictado las instrucciones a todas las áreas sanitarias para llevar a cabo este registro, aunque ha defendido que el derecho al aborto en la región está "absolutamente garantizado" gracias a un sistema "accesible" y que protege la "confidencialidad" de las mujeres, informa Efe.