Zhang Zhan, la reportera que documentó los primeros días del Covid-19 en Wuhan con vídeos de hospitales colapsados y calles vacías, ha sido condenada a otros cuatro años de cárcel. Se trata de la segunda sentencia contra la comunicadora , que ya cumplió otra pena de la misma duración en 2020 por el cargo genérico de “provocar disturbios”.

La trayectoria de Zhang la convierte en un símbolo incómodo para Pekín. En 2020 sus crónicas cuestionaron la narrativa oficial, y tras meses de detención se declaró en huelga de hambre. Sus abogados denuncian que fue atada y alimentada a la fuerza. Tras salir en libertad en mayo de 2024, apenas tres meses después fue arrestada de nuevo y enviada al centro de detención de Pudong, en Shanghái.

La organización Reporteros Sin Fronteras acusa al Gobierno chino de convertir a Zhang en “víctima de persecución política” y reclama una presión internacional para forzar su liberación. El Comité para la Protección de Periodistas coincide: “Su único delito ha sido informar”.

Pese al hermetismo, su antiguo abogado asegura que las nuevas acusaciones responden a comentarios de Zhang publicados en portales extranjeros sobre abusos de derechos humanos. Pekín, por su parte, nunca ha aclarado qué conductas concretas sustentan la condena.

China mantiene 124 periodistas encarcelados, más que cualquier otro país, y ocupa el puesto 178 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. La dureza contra Zhang coincide con la aprobación de una nueva ley para acelerar la respuesta a futuras emergencias sanitarias, que paradójicamente permitirá a los ciudadanos reportar crisis más allá de la jerarquía estatal.