Apenas unos días después de que el Vaticano anunciara una reestructuración diocesana en China avalada por el Papa León XIV –un raro gesto de cooperación que alinea límites eclesiales con las jurisdicciones civiles del Partido Comunista Chino (PCCh)–, Pekín respondió con un cerco digital que asfixia la práctica religiosa en internet. El nuevo «Código de Conducta para Maestros y Personal Religioso», un documento de 18 artículos publicado por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, prohíbe de inmediato la evangelización no autorizada, la catequesis infantil online y cualquier «colusión con fuerzas extranjeras». Esta norma agrava la sinización religiosa en un momento de aparente distensión bilateral, marcada por el acuerdo provisional de 2018.

El código, emitido en fecha no divulgada pero difundido por la prensa estatal, llega en la estela de restricciones acumuladas: la ley de 2021 que veta a clérigos aceptar nombramientos foráneos sin aval del PCCh o las normas de abril que expulsan a extranjeros de cultos compartidos y les exigen jurar la «independencia nacional» de las iglesias locales. Fuentes eclesiales citadas por el medio Phillar Catholic las tildan de «pretextos para detenciones», un patrón visible en arrestos como el del cardenal Joseph Zen en Hong Kong en 2022, bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional de 2020. Ahora, el foco es el ciberespacio: se veta «difundir e inculcar ideas religiosas a menores a través de internet, inducir creencias u organizar su educación religiosa», sellando de esta manera la brecha digital en un país donde los niños ya están restringidos de misas presenciales desde hace años.

Otras cláusulas impiden predicación en vivo, vídeos cortos o reuniones virtuales; organización de «misas, cultos o reuniones de dharma» online; y recaudación de fondos para templos o eventos. El núcleo punzante, la «colusión con fuerzas extranjeras vía internet para apoyar infiltración religiosa», una redacción que podría criminalizar emails rutinarios con Roma. «Un obispo continental que reporte a la Nunciatura reconociendo la jurisdicción papal podría caer por ‘colusión’», advierte un prelado senior anónimo al citado medio online. «Y un contacto con misioneros foráneos sería ‘infiltración’. El objetivo: penalizar lo externo».

Los «maestros y funcionarios religiosos» deben proyectar en internet «amor a la madre patria, apoyo al PCCh, al sistema socialista y a las leyes», practicando «valores centrales del socialismo, independencia religiosa china, sinización y adaptación a la sociedad socialista para la armonía». Esta retórica destila la paradoja: autonomía que equivale a sumisión estatal. Para los 12 millones de católicos chinos –divididos entre la Iglesia «oficial» de la Asociación Patriótica Católica China, leal al Partido, y la «subterránea» fiel solo a Roma–, el código profundiza el cisma: fieles rebeldes son excluidos de sacramentos y sacerdotes no registrados son acosados con detenciones sistemáticas.

Una nota vaticana de 2019 respeta el «derecho de conciencia» a no inscribirse, pero en Pekín, tales derechos son efímeros. Las sanciones incluyen correcciones forzadas, multas y acciones conjuntas de ciberseguridad, telecomunicaciones, policía y seguridad nacional. Su radio de acción global –aplicable a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, pese a sus autonomías legales; a Taiwán (soberano para la Santa Sede); y a extranjeros «activos online en China»– genera alarma. Un clérigo continental resume: «Es la evolución de la sinización. La religión es tolerable bajo control estatal; estas reglas apuntan más a budistas o Falun Gong, pero los católicos acabamos en el fuego cruzado».

Este endurecimiento irrumpe justo cuando el Vaticano parecía ceder terreno en el tablero territorial. Una semana antes del anuncio del código, Roma comunicó que León XIV, en decreto del 8 de julio, suprimió las diócesis de Xuanhua y Xiwanzi (creadas en 1946) y erigió la de Zhangjiakou, sufragánea de Pekín, «para promover el cuidado pastoral y el bien espiritual». El territorio se ajusta a límites civiles, con parcelas reasignadas a Jining y Pekín, coincidiendo con la consagración de Giuseppe Wang Zhengui como primer obispo, avalado bajo el Acuerdo Provisional renovado en octubre de 2024 por cuatro años.

El anuncio silencia el destino de los obispos salientes: Agustín Cui Tai (Xuanhua, 75 años), marcado por arrestos domiciliarios, pasa a «retirado»; y José Ma Yanen (Xiwanzi) asciende a obispo auxiliar de la nueva sede. Ambos rechazan la APCC sin jurar lealtad al PCCh, y su reubicación premia resistencia preservando autonomía pastoral. Es un «primero leonino»: primera reestructuración diocesana coordinada con Pekín en el pontificado de León XIV, y segunda de nombramientos episcopales conjuntos bajo el pacto. En junio, Roma elevó al obispo auxiliar de Fuzhou a José Lin Yuntuan, a petición del arzobispo estatal José Cai Bingrui.

Desde 1949, diócesis heredadas cruzan fronteras civiles obsoletas, un desajuste que Pekín ve como injerencia foránea y fuerza con maniobras unilaterales: en enero, la detención del obispo Pedro Shao Zhumin de Wenzhou por oponerse a absorber Lishui; o la creación de Jiangxi fusionando cinco sedes en Nanchang, con traslados no reconocidos por Roma. Estas generan jurisdicciones inválidas y amenazan una Iglesia paralela. El decreto papal rompe el ciclo: Pekín no lo anunció hasta avalar a Wang, sugiriendo pacto de coordinación ausente en desaires previos, como la «elección» de un obispo para Xinxiang durante la sede vacante.

Mientras Pekín calla sobre el reordenamiento, Roma guarda silencio oficial ante el código. Para fieles de Hebei el vaivén es un respiro precario: pastoral cohesionada, pero en un ciberespacio sinizado donde la fe se reduce a susurros offline. León ha movido fichas audaces. ¿Basta para equilibrar el pulso con el dragón, o solo invita a la próxima jugada?