Muchos conductores, ante la disyuntiva de pagar una multa con descuento o arriesgarse a un recurso administrativo que podría hacerles pagar el importe completo, optan por abonar la sanción. Esta acción, regida por el artículo 85 de la Ley 39/2015, implica la renuncia a la vía administrativa al reconocer tácitamente la responsabilidad.

Sin embargo, este pago no agota todas las opciones para impugnar la sanción. La sentencia 232/2021 del Tribunal Supremo sienta un precedente crucial al avalar la posibilidad de recurrir judicialmente una multa incluso después de haberla pagado.

Este recurso contencioso-administrativo se presenta así como una herramienta legal menos conocida, pero plenamente válida para aquellos conductores que, tras pagar bajo la presión del descuento, consideran que la sanción fue impuesta de manera injusta.

El proceso para reclamar lo pagado

Para iniciar este proceso, es fundamental actuar con celeridad, ya que el plazo máximo para presentar la reclamación es de dos meses desde el día del pago. El primer paso consiste en recopilar toda la documentación relacionada con la sanción: el boletín de denuncia, el justificante de pago y cualquier otro documento adjunto que se hubiera recibido, como fotografías o la identificación del agente denunciante.

Posteriormente, se debe redactar y presentar una demanda contencioso-administrativa, un trámite para el que se recomienda contar con asesoramiento legal. En esta demanda deben detallarse los hechos y adjuntarse todas las pruebas que sustenten la impugnación, solicitando expresamente la anulación de la sanción y, en consecuencia, la devolución del importe abonado. La resolución final quedará en manos de un juez, quien determinará, tras la celebración de una vista, si se procede a la devolución o si, por el contrario, la Administración se queda con el dinero.