La familia de una menor de 15 años ha presentado una demanda contra un colegio de Bilbao por no haber actuado antes un caso de acoso escolar que le ha causado graves secuelas físicas y psiquiátricas. Reclaman una indemnización de 150.000 euros, la más alta solicitada en España en este tipo de casos, por entender que el centro incumplió su deber de protección. Según ha explicado a EFE la abogada Celia Larrocea del bufete JRY, la niña acumula numerosos intentos de suicidio.

El acoso comenzó durante el curso 2022-2023, cuando la niña cursaba en segundo de ESO. Según relata la demanda, fue víctima de "vejaciones, humillaciones e insultos" y aislamiento, además de sufrir reiteradas agresiones físicas, tanto dentro del colegio como fuera del recinto escolar. La abogada lo describe como "un caso de acoso escolar de libro" y denuncia que, pese a que la familia alertó al centro del deterioro emocional de la menor, este "desoyó el problema y no actuó en tiempo y forma" para proteger a la víctima y "atajar de raíz el problema".

Los colegios cuentan con protocolos frente al acoso escolar que contemplan medidas como cambiar de clase a los afectados o procesos de mediación, que en este caso no se emplearon y que, "podían haber frenado los perjuicios del acoso en la niña".

La niña tuvo que comenzar un tratamiento con una medicación muy fuerte y requirió varios ingresos hospitalarios. Debido a su estado de salud, su familia solicitó continuar sus estudios mediante enseñanza domiciliaria, lo que le permitió terminar la ESO. Sin embargo, las secuelas persisten y su último intento autolítico se produjo el pasado mes de abril. La situación también ha impactado emocionalmente en sus padres, quienes están en tratamiento psicológico. "El acoso escolar no solo tiene una víctima, sino que tiene muchas porque toda la familia sufre", ha recalcado Larrocea.

La letrada recuerda que en 2004 un juez condenó a un colegio religioso de Bilbao a pagar 40.000 euros a una familia por no actuar ante el acoso escolar sufrido por su hija, en un caso que también llevó su despacho. En esta ocasión, afirma, la responsabilidad es aún mayor "por las graves secuelas que puede tener de por vida la menor". por todo ello, solicitan al centro 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil extracontractual y por los daños a la niña.