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Sucesos
La Guardia Civil desarticula una organización criminal que traficaba con tortugas en España
Tras dos años de investigación, han encontrado en Barcelona 115 tortugas y 5 camaleones supuestamente protegidos, cuya venta legal podría alcanzar los 14.000 euros

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de tortugas en España, y ha investigado a 6 personas presuntamente vinculadas con 3 empresas relacionadas con la supuesta comisión de delitos contra la fauna, contrabando, falsedad documental y organización criminal, según informa Ep.
En un comunicado este miércoles, han explicado que la investigación se inició en 2022, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) hicieron una inspección en una tienda de venta de animales de Zaragoza, descubriendo un ejemplar de tortuga rusa a la venta sin ningún tipo de marcado o identificación y con documentación falsa.
A raíz de este caso, iniciaron una investigación para averiguar cuál era su origen, y encontraron un almacén mayorista en Terrassa (Barcelona) donde se localizaron e intervinieron 115 tortugas y 5 camaleones supuestamente protegidos sin ningún tipo de microchip y con documentaciones falsas. Este almacén se abastecía de otros establecimientos afincados en Europa, donde amparaban a los animales con documentos de importación o criadores simulando trazabilidad legal.
La organización "simulaba la falta de identificación de los animales justificando su pequeño tamaño", y no utilizaban otros métodos alternativos contemplados en la legislación, como su registro en fotografías.
La investigación reveló que los implicados falsificaban los certificados necesarios, asegurándose de que los animales "parecieran tener una procedencia legal, dificultando detectar las irregularidades a simple vista", lo que permitió que el grupo operara durante tiempo.
Los agentes del Seprona solicitaron un informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que determinó que los animales están protegidos, y valoró el daño medioambiental por extraer los animales del medio natural en casi 6 millones de euros, a pesar de que el valor de venta legal de los animales se ha estimado en 14.000 euros.
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