Investigado el líder de la vacuna china contra la covid

La destitución de Yang Xiaoming, ex alto ejecutivo del principal fabricante de vacunas de China, ha suscitado preocupación y generado interrogantes en la comunidad médica y científica. El destacado investigador encabezó el desarrollo de la primera vacuna covid-19 inactivada del país, y ha sido removido de su cargo como diputado después de ser acusado de «graves violaciones de la disciplina y la ley», según el Congreso Nacional del Pueblo (CNP).

El renombrado científico y ex presidente de China National Biotec Group, una filial de la empresa estatal Sinopharm, encabezó el equipo responsable del desarrollo de la vacuna BBIBP-CorV, la primera contra el coronavirus aprobada para uso general en el gigante asiático en 2020. Esta destacada contribución científica posicionó al país a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. La vacuna BBIBP-CorV, junto con la CoronaVac de Sinovac Biotech, ha desempeñado un papel crucial tanto en la inmunización interna del país como en su exportación a nivel global.

El panorama del personal sanitario en China ha experimentado un cambio drástico en los últimos años. Hace apenas tres años eran aclamados como los «ángeles blancos» y «héroes en peligro». Sin embargo, en la actualidad están envueltos en una campaña anticorrupción sin precedentes.

Así, la destitución de Yang se produce en medio de una enérgica ofensiva contra esta lacra en el sistema sanitario chino, como parte de una extensa lucha emprendida por el presidente Xi Jinping desde finales de 2012. El objetivo de esta incansable batalla es erradicar las prácticas deshonestas que han penetrado profundamente en el sistema, caracterizado por sobornos y malas conductas. Esta iniciativa se enfoca específicamente en hospitales, compañías farmacéuticas, departamentos reguladores, universidades o fondos de seguros. En el último año, se han realizado numerosas detenciones de directores de hospitales como parte de esta determinada acción.

De hecho, en enero, otro destacado ejecutivo de Sinopharm, Zhou Bin, quien anteriormente ocupaba el cargo de director general adjunto de la empresa, fue sometido a una investigación por parte de la Comisión de Investigación de la Corrupción. Esto subraya la firme voluntad del régimen comunista de combatir esta lacra en este sector.

De acuerdo con las autoridades, una serie de casos recientes en los que se han visto implicadas algunas personas en puestos clave han sacado a la luz abusos de poder, malversación de fondos, sobornos y chanchullos. El régimen advierte de que «estas malas prácticas no sólo obstaculizan el buen funcionamiento de los sistemas médico, farmacéutico y de seguros, sino que también empañan la reputación de las industrias, afectando al bienestar del personal que trabaja con integridad en el sector sanitario».

Según los medios de comunicación estatales, en algunas zonas se han habilitado líneas telefónicas directas para denunciar la corrupción en este ámbito y se han puesto en marcha un sistema de recompensas en metálico por denunciar actividades ilegales.

La represión contra la corrupción en China ha dejado de ser una simple política para convertirse en un componente integral de su sistema. En los últimos diez años se han llevado a cabo purgas que han alcanzado a casi 5 millones de personas, en su mayoría funcionarios del partido, y aunque Xi proclamó una «victoria abrumadora», continúa intensificando esta feroz batalla.