La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta este miércoles al veredicto del Tribunal General de Justicia de la UE. Una sentencia que puede marcar el resto de la legislatura europea.

El tribunal con sede en Luxemburgo deberá pronunciarse sobre si la Comisión Europea actuó de manera correcta al negarse a proporcionar al periódico "New York Times" los mensajes de texto intercambiados entre Von der Leyen y el entonces CEO del laboratorio Pfizer, Albert Bourla en 2021.

Durante la pandemia, la Comisión Europea impulsó un sistema de compra conjunta de vacunas entre los Veintisiete. El objetivo era aprovechar la mayor capacidad de negociación conjunta del bloque comunitario y evitar las zancadillas entre los países europeos para asegurarse el suministro preferente de los sueros.

Bruselas firmó contratos confidenciales con varios laboratorios, pero tuvo graves problemas con uno de ellos: AstraZeneca. La Comisión Europea aseguró que la farmacéutica británica no estaba cumpliendo lo estipulado en el contrato y por eso, para suplir este agujero, decidió solicitar más dosis a Pfizer.

Esto hizo que Von der Leyen, en medio de numerosas críticas por el bajo ritmo de vacunación europeo, decidiera hablar de manera directa con el CEO de la compañía para negociar estos contratos.

Bruselas asegura que la regulación europea no le obliga a registrar estos mensajes y, por lo tanto, tampoco tiene el deber de divulgarlos a ningún periodista. El Tribunal de Justicia de la UE debe ahora dilucidar si esta forma de proceder es correcta o si Von der Leyen no fue lo suficientemente transparente.

Según explican fuentes diplomáticas, los funcionarios europeos tan solo están obligados a registrar “información importante”, y un código interno les guía sobre cómo interpretar la relevancia de estos documentos. Además, existen controles internos dependientes de cada dirección general.

En el caso de Von der Leyen, se desconoce si alguna otra persona tuvo acceso a estos mensajes y si fue su jefe de gabinete o ella misma los que decidieron no registrarlos. Según el informe de la vista que tuvo lugar hace meses, estos mensajes “hubieran sido registrados si hubieran contenido información que no fuese efímera o si pudieran haber implicado acción o seguimiento por parte de la Comisión”. La defensora del pueblo ha criticado también estos hechos y ha pedido a la Comisión Europea que actualice su política de registro de documentos.

Más allá del caso concreto de los contratos con Pfizer, esta sentencia también puede suponer una dura crítica a cómo entiende su puesto la presidenta de la Comisión Europea. En los últimos años, ha sido criticada en diversas ocasiones de un modelo excesivamente presidencialista que centraliza las decisiones en las que solo toman parte un reducido número de estrechos colaboradores.

La última crisis de imagen de Von de Leyen estuvo relacionada precisamente con la opacidad con la que la política alemana informó de una neumonía que padecía. Durante las dos primeras semanas de enero, la presidenta de la Comisión Europea se vio obligada a cancelar su agenda. Tan solo días más tarde se supo que padeció una neumonía severa y que incluso tuvo que estar hospitalizada. Entonces recibió numerosas críticas por haber ocultado esta información y por no haber sido sustituida durante este lapso de tiempo. Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, la acabó relevando, pero tan solo durante una reunión del colegio de comisarios.