Los 44 millones «ocultos» de la dependencia

El cúmulo de problemas y la dejación absoluta del Gobierno socialista en materia de dependencia han puesto en verdadero peligro la supervivencia del modelo. Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, ha sido lograr la eficiencia y dotarlo de transparencia. Una de las consecuencias de la mala gestión del anterior Ejecutivo fue el tirón de orejas del Tribunal de Cuentas, que ha exigido al Ministerio que fiscalice el destino de las ayudas y que resuelva la infinidad de expedientes irregulares.

Tras una primera revisión, el Imserso detectó que había 5.390 expedientes irregulares a los que se destinaron 44 millones de euros. Entre los errores detectados más comunes hay expedientes de personas fallecidas sin notificar, expedientes duplicados, errores en los documentos nacionales de identidad o número beneficiarios de la teleasistencia.

Según fuentes de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, se ha instado a las comunidades autónomas a que justificaran el destino de las ayudas del Estado y se toparon con una pared, situación que ha ido variando con el paso de los días. Así, hasta el momento ocho comunidades han remitido la información de forma completa. El resto, a pesar de haber mostrado su rechazo frontal a la petición ministerial al considerar que se está invadiendo sus competencias, lo harán antes de 30 de abril. Con todos los datos, el Imserso y las comunidades cruzarán datos para subsanar los errores. Aquellos que no puedan ser regularizados se devolverán a las autonomías, que tendrán que volver a responder en un espacio corto de tiempo. De esta manera, el Ministerio pretende llegar a junio con todos los expedientes regularizados y aprobar en el consejo interterritorial de dependencia de finales de junio un sistema informático común para todas las comunidades, en el que se incluirán todos los parámetros necesarios para fiscalizar estas ayudas, que en el último año ascendieron a 1.400 millones de euros.

Con esta medida, Sanidad pretende solucionar los problemas generados por la falta de control del anterior Gobierno, corregir los errores y evitar que se perpetúen. En todo este proceso, el Ministerio apela a la «buena voluntad» de las comunidades autónomas, de modo que se vayan sumando al objetivo de lograr el fraude cero y para garantizar la sostenibilidad del sistema, algo que se hace especialmente necesario en tiempos de crisis como los actuales.

Según las mismas fuentes, el principal problema del sistema es que el 48% de las ayudas va directamente a las familias con algún miembro dependiente, mientras que en las residencias públicas hay 45.000 plazas vacías. Lo cierto es que a las comunidades les sale más rentable dar el subsidio que pagar el coste de una residencia, que casi triplica el de los centros privados.

Listas de espera de seis meses y más beneficiarios

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, explicó ayer en el Senado que el sistema de dependencia es hoy «más sostenible o bastante menos insostenible» que hace un año y, además, es «transparente». En respuesta a una pregunta del senador socialista Andrés Gil, Mato afirmó que durante 2012 se han incorporado al sistema 132.000 nuevos beneficiarios, y que hay 74.000 personas menos en las listas de espera, que se han reducido hasta los seis meses tal y como estipula la ley. La ministra alabó el papel de las autonomías, encargadas de gestionar el sistema, que avanzan «de manera considerable» con el Gobierno, priorizando la atención a las personas con mayor grado de dependencia. Asimismo, criticó que al principio de la legislatura había más de 305.000 personas dependientes en lista de espera, el 57% de ellas grandes dependientes, un dato que, según recalcó, los socialistas nunca publicaron.