Los grupos ecologistas lamentan la decisión judicial

Las organizaciones ecologistas WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oceana han lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012, que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario. En declaraciones a Efeverde, las organizaciones ecologistas han denunciado "presiones"y "poca conciencia ambiental"en la decisión del alto tribunal y han coincidido en apuntar que las sentencias, que rechazan los siete recursos de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida, no impedirán que continúen las acciones legales.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, quien ha asegurado que "únicamente queda respetar la justicia, sabiendo que se ha peleado honestamente, algo que no todos han hecho", ha defendido que la desestimación de los recursos es sólo "el primer escalón de un largo camino"para evitar las prospecciones. Así, el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, no se ha mostrado sorprendido por la decisión del Supremo dadas las "evidentes presiones", aunque ha admitido que "el tiempo que han tardado en decidirlo indicaba lo delicado de la situación".

Según el portavoz, el siguiente paso que plantea Ecologistas en Acción es "estudiar la decisión para ver en qué se basa y conocer qué acciones se pueden emprender tanto a nivel legal como de movilización social y en cuanto a sectores afectados como la pesca y el turismo". El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha criticado que esta decisión del Supremo, que demuestra que se están anteponiendo los intereses de una multinacional frente a los de la ciudadanía y el medio ambiente, "puede sentar precedente y convertirse en una amenaza constante a zonas de altísimo valor natural".

En este sentido, el director de investigación para Oceana en Europa, Ricardo Aguilar, ha apuntado que la sentencia demuestra "la poca concienciación de la política y de los jueces en materia ambiental". Aguilar ha recordado que el proyecto de Repsol interfiere con la declaración de un área marina protegida para cetáceos, los espacios marinos de Lanzarote y Fuerteventura propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y afecta potencialmente a 25 espacios protegidos.