Sanidad
Mónica García exige por vía administrativa los datos de los cribados a las comunidades del PP: "La ley se cumple"
Sanidad envía un requerimiento formal para que los gobiernos autonómicos tengan que dar los datos

El Ministerio de Sanidad ha remitido este martes un requerimiento formal a las comunidades gobernadas del PP para que le envíen de forma "inmediata" los datos de los programas de cribados de cáncer de mama, colon y cervix correspondientes a los últimos cinco años.
El requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública, segúnseñala Sanidad.
"La ley se cumple", ha advertido la responsable del ministerio, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que las autonomías tienen la obligación legal de remitir esos datos.
En el requerimiento, Sanidad especifica que, si las comunidades no disponen de todos los indicadores solicitados, deberán enviar los que tengan disponibles o los que utilicen actualmente para evaluar sus programas de cribado.
Desde que se emitió la primera solicitud hace un mes, algunas comunidades ya han entregado la información o han informado de que están trabajando en ello.
Sin embargo, las gobernadas por el PP mantienen su negativa, argumentando que la petición tiene un carácter político y defendiendo además que los datos "son competencia exclusiva de las comunidades autónomas" cuya "implantación, seguimiento y evaluación" vienen realizando "desde hace años con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado".
En unas cartas que los populares enviaron a Mónica García, también subrayaron que “el Ministerio de Sanidad no dispone de una red propia de cribados ni de sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial que vayan más allá de los simples datos de cobertura y participación”.
También criticaron que “no existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, más allá del documento técnico de consenso aprobado en el seno del Consejo Interterritorial”.