El repunte de casos de inquiokupación en España en los últimos meses es un hecho como muestra el servicio 112 Ocupación que la Comunidad de Madrid (CAM) puso en marcha en junio de 2022.Este número ha registrado, solo en lo que va de año, un incremento de más del 75% en las llamadas.En apenas un mes a principios de año, las consultas a esta línea se dispararon, pasando de 32 en la primera semana de enero a 56 en la primera de febrero.

La inquiokupación se produce cuando los inquilinos, con un contrato de alquiler en vigor, dejan de pagar la renta en algún momento y se niegan a abandonar la propiedad, es decir, cuando hay inquilinos morosos. Al haber un contrato previo, no se considera okupación delictiva. Esto genera un mayor problema porque además de poder escudarse en la vulnerabilidad, no pueden favorecerse de la nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos.

Esta desprotección a los propietarios provoca que cada vez se repitan más este tipo de casos, que pueden marcar la vida de los dueños, que no siempre son personas con grandes recursos ni inmobiliarias. La última víctima, desvelada por Telemadrid, es Catalina, una mujer de 79 años vulnerable que está viviendo un infierno.

No consigue desalojar a sus okupas pese a ser vulnerable

Todo comenzó en 2019 cuando quisieron cortar el contrato de alquiler porque la propietaria y su hija sospechaban que estaba subarrendando las habitaciones. Lejos de abandonar el piso, lo que hizo la okupa fue quedarse en la vivienda sin pagar. Desde entonces, como relata Eva, hija de Catalina, están viviendo un infierno: "Mi madre lo está pasando fatal porque además se está alargando en el tiempo y la única manera que he tenido yo de apartarla de todo esto es diciéndole que el piso está cerrado".

La deuda ya es de más de 36.000 euros, aunque una parte de ella lo ha pagado la Comunidad de Madrid después de años de juicios. Sin embargo, no ha conseguido desalojar a la inquiokupa porque es considerada vulnerable. La condición de la propietaria es similar, según explica Eva: "Mi madre también es vulnerable con una pensión pequeña y no hay manera de que se vaya. Servicios Sociales no hace nada, el Ayuntamiento tampoco está involucrado, la Comunidad tampoco, el Gobierno tampoco hace nada porque sigue ampliando el Real Decreto y nosotros seguimos igual, no hay manera de echarla".

Pese a estar en una situación similar la justicia permite quedarse a la inquilina al no contar con alternativa habitacional. La propietaria utilizaba ese dinero del alquiler para pagar su hipoteca, mientras que vivía con su pensión. Eva quiere vender el piso cuando su madre lo recupere legalmente porque afirma que "con situaciones como estas que un propietario ponga una vivienda en alquiler es jugarse los ahorros y la salud". Mientras la propietaria se queda sin ahorros, la okupa hace negocio.

Sin pagar y realquilando habitaciones

Las sospechas de 2019 por las que querían rescindir el contrato de alquiler han ido a más y tanto Eva como Catalina están seguras de que la okupa está haciendo negocio con una casa que no es suya y que no paga. Su afirmación en la cadena madrileña fue muy contundente: "Está sacándose casi una rentabilidad de las habitaciones con tanta gente viviendo ahí, pero Servicios Sociales eso no lo comprueba". Este caso es un nuevo reflejo de que los propietarios, incluso siendo vulnerables, están totalmente desprotegidos.