Los pacientes españoles pagan el adelanto electoral

La tormenta política que han desatado los resultados del 28-M deja muchos damnificados, algunos de ellos especialmente vulnerables. De las cerca de 60 leyes que se han quedado paralizadas por el adelanto electoral del próximo 23 de julio –algunas estaban atascadas en el Congreso por la falta de consenso, pero otras se encontraban ya en la etapa final de tramitación y estaban a punto de aprobarse– al menos una decena se ubican en el ámbito sanitario. Se trata tanto de proyectos arraigados como de promesas electorales que el Gobierno lanzó a la desesperada en las últimas semanas, y que dejan a los pacientes españoles peor de lo que estaban.

El daño más flagrante es el que se le va a hacer a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que llevaban ya 14 meses esperando a que se aprobara la conocida como «Ley ELA», cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 8 de marzo de 2022. La legislación tenía como objetivo garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, aunque las asociaciones de pacientes ya temían que no saliese adelante en lo que quedaba de legislatura, tras haber sido bloqueada por el Gobierno hasta en 47 ocasiones.

El pasado 20 de abril, un grupo de afectados con esta cruel enfermedad se manifestó en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones y rendir homenaje a las 1022 personas que habían muerto de ELA en el tiempo que la ley había estado bloqueada. Todo apunta a que seguirán sumándose víctimas antes de que puedan verla en marcha.

El anuncio de elecciones anticipadas ha sido también un duro golpe para las personas con cáncer, dado que el adelanto de la elecciones generales ha paralizado la legislación del derecho al olvido oncológico, que el Gobierno tenía prevista para el 6 de junio. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer manifestó ayer su disconformidad, y recordó que se trata de una medida urgente, que suponía dar igualdad de derechos y oportunidades a las personas que han afrontado un cáncer, sobre todo, al contratar un seguro, solicitar un préstamo o adquirir una hipoteca, entre otros. Una medida que se está aplicando desde hace años en países como Francia, Luxemburgo, Países Bajos o Portugal.

Condenados a la inequidad

La paralización de la nueva Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) –que venía a reformar la actual, muy antigua, de 1997– también perjudica a los pacientes y al ciudadano de a pie. La conocida como «Ley Darias» –porque fue impulsada por la exministra de Sanidad– llevaba desde finales de 2022 en el Congreso, y ha tenido hasta 32 prórrogas. Entre sus objetivos principales estaba el de fortalecer la Sanidad Pública y ampliar derechos, afianzando aspectos como la equidad, la universalidad y la cohesión en el SNS. Entre otros aspectos, se esperaba que la nueva ley eliminara la barrera de los tres meses para que las personas recién llegadas a España –fundamentalmente mujeres embarazadas, menores y enfermos crónicos– pudieran tener acceso la Sanidad Pública sin necesidad de un empadronamiento.

En el camino se queda también el nuevo Plan Antitabaco que el Gobierno «desempolvó» el pasado 16 de mayo –después de año y medio en un cajón– anunciando prohibiciones vía Decreto-Ley, como la de fumar en las terrazas y en los recintos deportivos. Ante el nuevo retroceso, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la asociación Nofumadores.org y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias pidieron ayer «valentía» y «voluntad política» para sacar adelante este nuevo marco legal, especialmente con motivo hoy del Día Mundial Sin Tabaco.

La Ley de Seguridad del Paciente, impulsada por el sindicato de enfermería Satse, tampoco verá la luz, tras más de dos años bloqueada por el PSOE y 83 prórrogas. La regulación pretendía garantizar la seguridad asistencial de cualquier paciente en los hospitales, centros de salud u otros centros sanitarios, mediante una asignación máxima de pacientes por cada enfermera. También contemplaba el reemplazo de estas profesionales cuando se jubilen.

Por otro lado, la de Salud Mental –una reforma impulsada por Podemos que tenía en contra a la mayoría de las sociedades médicas de Psiquiatría y Psicología por considerarla «anticientífica»– tampoco saldrá adelante. Pese a la polémica suscitada en algunos aspectos, la Ley tenía también el objetivo de garantizar un ratio mínimo de profesionales: 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Su estancamiento es especialmente grave en la coyuntura actual, ya que la pandemia ha dejado una secuelas importantes en la salud mental de la población. España alcanzó en 2021 su récord en el número de suicidios desde que hay registros, y las cifras de incidencia de ansiedad y depresión no han parado de crecer.

También se paraliza la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una iniciativa del Gobierno que pretendía dotar al país de mejores recursos para afrontar futuras pandemias.

Por último, las personas con discapacidad son otro colectivo vulnerable que han visto truncadas demandas como la de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido» de su texto, o la de incluir una referencia en él a las mujeres discapacitadas, que son mayoría.