Prisión permanente para el asesino de Laura si se confirma el delito sexual

El PSOE ha apoyado una iniciativa para derogarla en el Congreso.

La existencia o no de un delito sexual previo al asesinato de Laura Luelmo determinará si nos encontramos ante un caso en el que pueda aplicarse la prisión permanente revisable. Es ésta la mayor pena privativa de libertad existente en España y fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2015 como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana. La prisión permanente revisable lleva aparejado el cumplimiento íntegro de la condena durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y los 35 años. El apoyo mayoritario entre la sociedad española a esta figura penal –según la encuesta publicada por LA RAZÓN en enero, un 72% apoya que se mantenga en nuestro ordenamiento jurídico– contrasta con el hecho de que tanto un recurso ante el Tribunal Constitucional como una iniciativa parlamentaria amenacen con tumbarla.

La aplicación de la prisión permanente revisable tiene, actualmente, una aplicación muy limitada. No en vano, sólo se enfrentan a ella los condenados por cinco delitos: asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad física o mental; asesinato cometido por miembro de grupo u organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista y asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Es precisamente este último supuesto el escenario en el que podría aplicarse para el caso de la profesora asesinada en El Campillo. Si, por tanto, la investigación y posterior sentencia demuestran que Laura Luelmo fue víctima de una agresión sexual, el caso se encuadraría dentro del ámbito de aplicación de la prisión permanente. Sin tener previsto un límite máximo de duración, esta pena es susceptible de ser revisada siempre que se haya cumplido esa parte de la condena. Sólo tras ese periodo de privación de libertad de 25 años, el Tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes.

Desde su aprobación, cinco personas han sido condenados a prisión permanente revisable. El primero fue David Oubel, el «Monstruo de Moraña» después de asesinar a sus dos hijas. Tras él llegaron los casos de Sergio Díaz, que acabó con la vida del abuelo de su novia con 30 puñaladas; Daniel Montaño, que mató a una niña de 17 meses al tirarla por la ventana e intentó asesinar a la madre; y Marcos Mirás, que asesinó a su hijo de 11 años como venganza contra su ex mujer. El hasta el momento último condenado a esta pena privativa de libertad ha sido Patrick Nogueira, el cuádruple asesino de Pioz.

Se encuentra en tramitación en el Congreso una iniciativa que apoya la derogación de la prisión permanente revisable. La moción del PNV cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, ya que el Partido Popular es la única formación que ha defendido siempre y sin reservas su mantenimiento. Recientemente también Ciudadanos formuló una enmienda a la totalidad a la moción del PNV que, sin embargo, fue tumbada en Pleno. Recientemente, tanto el Gobierno como el grupo parlamentario socialista han insistido en que no avanzarán en la tramitación de la derogación de la prisión permanente hasta que no resuelva el recurso que precisamente el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional.