Protección de las infraestructuras hidráulicas: un pilar de la seguridad nacional

Imagínate despertar mañana por la mañana y descubrir que no sale ni una gota de agua al abrir el grifo. No puedes ducharte, preparar café, cocinar ni lavar los platos. Tu hijo llora porque tiene sed y no puedes darle agua para beber. Los hospitales no pueden funcionar, las escuelas cierran, las fábricas cierran y los supermercados se quedan sin productos frescos en cuestión de horas.

Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que ocurre cuando fallan las infraestructuras hidráulicas: esas instalaciones invisibles que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionarnos agua potable en nuestras casas. Y, como vemos a diario, este escenario es cada vez más probable debido a las amenazas a la seguridad de las instalaciones hidráulicas.

En el siglo XXI, el agua ya no es solo un recurso vital: es un activo estratégico. Cada gota que fluye por una tubería, cada depósito que almacena miles de metros cúbicos y cada planta de tratamiento que garantiza el acceso al agua potable a millones de personas forma parte de un marco esencial que sustenta la estabilidad social, económica y ambiental de un país. En España, como en tantos otros países semiáridos o áridos, las infraestructuras hidráulicas —presas, plantas de tratamiento de agua potable, plantas depuradoras de aguas residuales, plantas desaladoras de agua de mar, redes de distribución, pozos y sistemas de riego— constituye la base del futuro de 49 millones de personas. Si hablásemos de la Unión Europea, la población afectada serían unos 450 millones. Sin embargo, este futuro podría ser vulnerable. Las amenazas, tanto físicas como digitales, se multiplican y podrían comprometer no solo el suministro de agua, sino también la cohesión y la seguridad del Estado.

La historia reciente ofrece ejemplos contundentes. En 2022, durante la guerra en Ucrania, el control de presas y canales se convirtió en un elemento estratégico: la destrucción, el 6 de junio de 2023, de la presa de Nova Kakhovka en el río Dniéper, al sur del país, liberó millones de metros cúbicos de agua, inundando aldeas enteras y privando de agua a miles de hectáreas de tierras de cultivo. En Siria e Irak, durante la expansión del autoproclamado Estado Islámico, las presas de Tabqa y Mosul fueron objeto de conflictos armados: quien controlaba el agua también controlaba la electricidad, los cultivos y, en última instancia, la supervivencia de la población. Más cerca del mundo digital, en 2013, un grupo de hackers iraníes logró acceder a los sistemas de control de la presa Bowman en Rye, ubicada a 32 kilómetros de Nueva York y utilizada para el control de inundaciones, demostrando que incluso sin un solo disparo, una infraestructura crítica, como es la hídrica, puede verse comprometida a miles de kilómetros de distancia. Otro ejemplo: Arkansas City, una pequeña ciudad de Kansas (Estados Unidos), fue víctima de un ciberataque dirigido a su planta de tratamiento de aguas residuales. El ataque, detectado el domingo 22 de septiembre de 2024, obligó a la activación del modo de operación manual para garantizar el suministro de agua, que, gracias a estas medidas, se mantuvo ininterrumpido.

Estos ejemplos revelan una realidad inquietante: el agua puede usarse como arma o como objetivo. Aunque diseñadas para el bienestar, las infraestructuras hidráulicas pueden convertirse en vulnerabilidades estratégicas si no se protegen adecuadamente. En contextos de tensiones políticas, terrorismo o conflictos regionales, el impacto de un sabotaje a una planta desalinizadora o un ciberataque a los sistemas de control de una presa puede ser devastador. Estas incluyen no sólo pérdidas económicas sino también consecuencias sociales de amplio alcance: interrupciones del suministro, desplazamiento de población, conflictos locales y pérdida de confianza en las instituciones.

La infraestructura hidráulica de un país se considera crítica. ¿Y qué es una infraestructura crítica? Se refiere a los sistemas, instalaciones y redes esenciales para el funcionamiento de una sociedad, cuyo fallo o interrupción tendría un impacto significativo en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos, o en el correcto funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas. Esto incluye sectores como la energía, el agua, las telecomunicaciones, el transporte, la salud, las finanzas y la alimentación. Y, como pueden ver, su protección es esencial para el bienestar.

Se consideran, por tanto, infraestructuras críticas, vinculadas al sector estratégico del agua:

1. La captación, el tratamiento y la distribución de agua potable

2. El tratamiento y la eliminación de aguas residuales

3. La gestión de los recursos hídricos (embalses, trasvases)

4. Sistemas de riego para la seguridad alimentaria

5. Infraestructuras de desalinización

6. Sistemas de control y gestión del agua

Estas infraestructuras hidráulicas cumplen todos los criterios de criticidad establecidos: el criterio de escala, lo que significa que afectan a millones de personas y a extensas zonas del país (incluidos los impactos transfronterizos), y el criterio de gravedad, lo que significa que su interrupción causaría miles de víctimas, generaría millones de dólares en pérdidas económicas, afectaría gravemente la salud pública y pondría en peligro la seguridad nacional. España cuenta con una extensa red hídrica: más de 1200 presas, 1300 plantas de tratamiento de agua potable, 2000 plantas de tratamiento de aguas residuales, desaladoras, etc. Sin embargo, esta red presenta vulnerabilidades tanto estructurales como de gestión. Por ejemplo, (y cabe destacar que este escenario es similar al de otros países), muchas de las infraestructuras se construyeron hace varias décadas y requieren rehabilitación o modernización. Las pérdidas de agua en las redes de distribución pueden alcanzar el 40% en algunas zonas. Finalmente, el crecimiento urbano, la expansión industrial, etc. están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre un sistema ya de por sí frágil.

Estas vulnerabilidades no son solo técnicas, sino también estratégicas. La existencia de grandes (o medianas) presas y plantas de tratamiento de aguas en zonas específicas convierte a estas instalaciones en objetivos prioritarios. Un ataque físico, un sabotaje o incluso una brecha de ciberseguridad podrían paralizar el suministro de agua a millones de personas.

Por lo tanto, es esencial que las fuerzas armadas y de seguridad del Estado integren la protección del sistema hídrico nacional en sus planes territoriales y de defensa civil. Esto implica, llegado el caso, no solo llegar a proteger físicamente las instalaciones, sino también garantizar su resiliencia operativa mediante inteligencia, vigilancia, redundancia del sistema y coordinación con las autoridades civiles.

En muchos países, las fuerzas armadas están habilitadas para contribuir a la protección de la infraestructura hidráulica, ya que es tan importante para la seguridad nacional como las bases militares:

- Supervisan instalaciones críticas para prevenir sabotajes;

- Responden con rapidez en emergencias mediante equipos móviles de purificación;

- Protegen contra ciberataques con sus expertos en ciberseguridad;

- Coordinan las respuestas en caso de desastre natural.

La protección de presas, embalses y plantas de tratamiento de aguas residuales requiere una combinación de vigilancia física, control territorial y ciberseguridad. En este sentido, se pueden distinguir tres niveles de acción:

1. Protección física: Incluye la monitorización permanente de los puntos de acceso, la instalación de sensores, cámaras y perímetros de seguridad, así como la presencia de unidades militares o policiales en instalaciones clave. Las grandes presas y plantas de tratamiento de agua deberían considerarse "zonas de interés militar" en caso de crisis.

2. Ciberprotección: La digitalización del sector hídrico (control remoto de válvulas, monitorización de caudal, sistemas SCADA, IA) ha aumentado su eficiencia, pero también ha abierto la puerta a nuevas vulnerabilidades. Un ciberataque puede alterar los niveles de cloración, las dosificaciones de los productos químicos de tratamiento del agua, manipular válvulas o interrumpir el bombeo. Por lo tanto, la coordinación entre los centros de ciberdefensa y las autoridades del sector hídrico es esencial.

3. Protección estratégica e inteligencia: Esto implica identificar posibles amenazas, tanto internas como externas. Las fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben contar con mapas de riesgos actualizados y protocolos de respuesta inmediata para cada tipo de instalación. Esta labor debe ir acompañada de una cultura de seguridad en todo el sector. Los ingenieros, técnicos y gestores del sector hídrico deben recibir formación básica en protección de infraestructuras críticas, procedimientos de emergencia y comunicación con las fuerzas de seguridad. La protección del agua no puede depender únicamente del personal uniformado; es una responsabilidad compartida entre civiles y militares.

La seguridad hídrica de una nación está directamente vinculada a la seguridad alimentaria y, por lo tanto, a la soberanía nacional. Por ejemplo, en un país con un componente importante agrícola y que, por tanto, su producción depende en gran medida del riego, cualquier interrupción en el suministro de agua puede afectar la producción de cereales, frutas, verduras y forrajes, con repercusiones en la economía y la estabilidad social.

El calentamiento global agrava este riesgo. Las proyecciones indican un aumento de las temperaturas medias, una disminución de las precipitaciones y caudales de agua más irregulares. Esto significa que la gestión eficaz del agua será cada vez más esencial para el desarrollo sostenible de un país.

La protección de las infraestructuras hidráulicas no solo garantiza el suministro de agua potable a la población, sino que también preserva la capacidad productiva del país. Un sistema agrícola privado de agua es vulnerable a la dependencia externa. La soberanía alimentaria, entendida como la capacidad de un Estado para alimentar a su población con sus propios recursos, depende directamente de la seguridad hídrica.

En consecuencia, el concepto de seguridad nacional debe ampliarse: ya no basta con proteger las fronteras; es necesario proteger los flujos de agua invisibles que sustentan la economía y la sociedad.

En este contexto, es deseable que los países consoliden un Plan Nacional de Eficiencia Hídrica que incorpore principios críticos de seguridad de las infraestructuras. Este plan debería combinar objetivos técnicos, institucionales y estratégicos en torno a cuatro ejes fundamentales:

1. Modernización de la Infraestructura

Renovar presas, embalses, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales y redes de abastecimiento y saneamiento, respetando criterios de seguridad estructural y energética. Integrar sensores, sistemas de control automatizados y redundancia de componentes críticos para evitar fallos catastróficos.

2. Gestión Integrada y Digitalización

Implementar plataformas digitales de monitorización y control que proporcionen una visión unificada del sistema hídrico nacional. El uso de tecnologías de teledetección, inteligencia artificial y Big data ayudan a optimizar la asignación de recursos, anticipar fugas y pronosticar eventos extremos; la utilización de los gemelos digitales nos permite trabajar con réplicas virtuales dinámicas de sistemas hídricos para optimizar su gestión, operación y mantenimiento, etc.

3. Protección y Resiliencia

Desarrollar planes de protección específicos para cada infraestructura crítica, incluyendo ejercicios conjuntos entre los Ministerios de Defensa, Interior y Recursos Hídricos. La resiliencia implica la capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse ante cualquier disrupción.

4. Capacitación y Cultura de Seguridad

Implementar programas de capacitación en gestión de crisis, ciberseguridad y protección física de instalaciones. La concienciación del personal civil y técnico es tan importante como el despliegue de recursos físicos. Este plan debe formar parte de una estrategia nacional de agua y seguridad que reconozca la interdependencia entre defensa, desarrollo y sostenibilidad.

La modernización tecnológica del sector hídrico es un proceso irreversible y necesario. La digitalización no solo mejora la eficiencia de la gestión del agua, sino que también fortalece la capacidad de respuesta ante incidentes.

Los sistemas inteligentes pueden detectar fugas, monitorear la calidad del agua en tiempo real y anticipar crisis mediante modelos predictivos. En un clima cambiante, estas herramientas se están convirtiendo en aliados estratégicos para optimizar cada gota disponible.

Sin embargo, la digitalización trae consigo nuevas vulnerabilidades. Los sistemas SCADA, los sensores conectados y las redes de comunicación pueden ser blanco de ciberataques. Por lo tanto, la ciberseguridad debe ser un componente estructural de la gestión del agua, no un complemento.

Los países no pueden considerar su seguridad hídrica de forma aislada. La cooperación en materia de aguas transfronterizas y la protección de infraestructuras críticas pueden, paradójicamente, ser un factor de estabilidad, desarrollo y confianza mutua.

En un mundo donde las tensiones relacionadas con el agua pueden derivar en conflictos, un país que protege y gestiona eficazmente su recurso más vital se convierte en un modelo de estabilidad. El siglo XXI es el siglo del agua. No porque sea deficiente en términos absolutos, sino porque su gestión, distribución y protección determinarán la prosperidad o el declive de las naciones. La protección del agua no es simplemente una cuestión ambiental o técnica; es, sobre todo, una cuestión de soberanía y de futuro. La gestión sostenible de las infraestructuras hidráulicas críticas representa un imperativo estratégico para cualquier nación que aspire a garantizar su soberanía y seguridad alimentaria. La complejidad de estos sistemas requiere un enfoque integral que combine excelencia técnica, mayor seguridad y una visión a largo plazo.

La implementación exitosa en los países de un Plan Nacional de Eficiencia Hídrica requiere la coordinación de múltiples actores, incluyendo los gobiernos, las fuerzas armadas, el sector privado y la sociedad civil. Solo este esfuerzo conjunto construirá un sistema hídrico resiliente, eficiente y seguro, base del desarrollo sostenible y la prosperidad nacional.

Invertir en infraestructura hidráulica no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica en el futuro de las naciones. La respuesta debe ser integral: gestión eficaz de las aguas subterráneas, modernización de la infraestructura, diversificación de fuentes mediante la desalinización y la reutilización, ciberseguridad avanzada y coordinación interinstitucional. Al mismo tiempo, una política de comunicación y educación pública prepara a la ciudadanía para el uso racional del agua.

En un mundo donde el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso y preciado, los países que gestionen eficazmente sus recursos hídricos disfrutarán de una ventaja competitiva decisiva en el siglo XXI. Los países que gestionen bien sus recursos hídricos prosperarán en el futuro. Aquellos que no lo hagan se enfrentarán a crisis alimentarias, migraciones masivas y conflictos sociales. Para cualquier país, garantizar el acceso al agua significa garantizar la vida, la soberanía alimentaria, la cohesión social y la estabilidad del país en un mundo donde el agua se ha convertido en un recurso geopolítico, codiciado y cada vez más vulnerable. En este sentido, la protección de las infraestructuras hidráulicas, como infraestructura crítica, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de seguridad nacional. El calentamiento global, la urbanización y las tensiones regionales imponen una nueva realidad: la defensa del agua es una misión compartida por ingenieros, militares, policías y ciudadanos. No basta con construir más presas o plantas desalinizadoras; deben protegerse, modernizarse y gestionarse con prudencia.

La protección de estas infraestructuras críticas, con el apoyo especializado de las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantiza no solo la continuidad del suministro de agua, sino también la estabilidad social y económica que de él depende.

El futuro de cada país dependerá de su capacidad para integrar la eficiencia hídrica, la seguridad y la resiliencia en una estrategia nacional coherente. El agua es, más que nunca, un asunto de Estado.

Fernando Novo Lens es experto en gestión de recursos hídricos