El número de denuncias por violencia de género registradas durante el primer trimestre del año ascendió a 47.865, lo que supone un incremento del 4,28 % respecto al mismo periodo de 2024. En total, se contabilizaron 43.586 mujeres víctimas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, lo que representa una media de 484 víctimas y 532 denuncias diarias entre enero y marzo. Los datos difundidos este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran también un descenso del 5,94 % en el número de órdenes de protección acordadas, hasta un total de 7.560, en línea con la reducción del 5,48 % en las solicitudes recibidas.

Del total de mujeres víctimas, un 11,27 % (4.913) se acogieron a la dispensa legal de no declarar contra su agresor. Esta cifra, aunque no comparable con años anteriores por cambios metodológicos, refleja que 2.725 eran españolas y 2.188 extranjeras. La mayoría de las víctimas (70,49 %) presentó la denuncia personalmente, ya fuera en comisaría o en el juzgado. El 61,91 % de las víctimas tenían nacionalidad española, mientras que el 38,09 % restante procedían de otros países. También se identificaron 115 menores como víctimas, de los que el 72,17 % tenían nacionalidad española.

La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 17,6 en toda España, apenas una décima (0,1 puntos) más alta que en el primer trimestre de 2024. Las comunidades con mayor incidencia fueron Navarra, con una tasa de 28,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Baleares, con 23,2; Comunidad Valenciana, con 23; Canarias, con 21,9; Murcia, con 20,6; Andalucía, con 19,5 y Madrid, con 18,9. Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,1; Galicia, con 12; Extremadura, con 12,9; Aragón, con 13,8; País Vasco y La Rioja, con 14; Castilla-La Mancha, con 14,3; Cataluña, con 14,6; Cantabria, con 14,7 y Asturias, con 16.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2025 en porcentajes muy similares entre sí. Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los Juzgados en funciones de guardia recibieron 11.137 peticiones, un 5,48% menos que un año antes, y adoptaron 7.560 órdenes y medidas de protección, un 5,94% menos. En toda España, se dictaron 21,57 órdenes de protección por cada 100 mujeres víctimas. Del total de órdenes de protección incoadas, 9.403 (84,4%) lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer y 1.306 (15,6%), por los juzgados en funciones de guardia. Los órganos especializados adoptaron el 66,6% de las órdenes de protección que les fueron solicitadas, porcentaje que en el caso de los juzgados de guardia ascendió al 75% de las peticiones recibidas. En el 44,4 % de los casos, la relación de pareja entre víctima y agresor se mantenía en el momento de solicitar la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer. Dos de cada tres mujeres (5.794, el 61,6 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,2 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 13.885 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 10.839 (78%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 3.046 (22%), como medidas cautelares. En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (5.289), que representaron el 67,31% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y las órdenes de alejamiento (5.260), que equivalen al 65,63% del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.799 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.436 (92%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 363 (8%), como medidas cautelares. Las medidas más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.478), que representaron el 22,25% del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (1.027), el 15,36% del total de adoptadas. Otras medidas civiles fueron la atribución de la vivienda (995) y la suspensión de la guardia y custodia (648). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 26 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 88 casos suspendieron la patria potestad.