Sus señorías, con Pablo Ibar

Una delegación de parlamentarios españoles parte mañana a Florida en apoyo de este interno, que lleva 24 años en prisión, 16 de ellos en el corredor.

Tras 24 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, el lunes arranca la vista oral de la repetición del juicio de Pablo Ibar por el triple asesinato del que se le acusa ocurrido en 1994. El inicio de la vista comenzará con las declaraciones iniciales de las partes después de que la pasada semana concluyera la elección de los 18 integrantes del jurado (12 titulares y seis suplentes que no sabrán que lo son hasta el momento previo del veredicto), y de que el juez haya decidido sobre las distintas cuestiones previas presentadas. Así, el magistrado Bailey, del Tribunal de Browar County (Florida), dictaminó que los abogados de Ibar podrán finalmente interrogar, pese a la oposición de la Fiscalía, al ex detective Manzella, encargado de la investigación del caso, sobre pistas que dejaron de analizar una vez acusaron a Ibar. La Defensa, según informa la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, también podrá presentar su peritaje sobre el testimonio ocular del testigo Gary Foy. En este sentido, queda pendiente que el juez decida sobre la solicitud de la Fiscalía de no presentar el peritaje de su propio experto en identificación ocular, al que considera ahora contrario a sus intereses. Y es que cabe recordar que el testimonio de Foy y el vídeo de seguridad fueron las pruebas de cargo –ahora se suma la camiseta– con las que Ibar fue declarado culpable del asesinato de Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers hace 24 años.

Al inicio de la vista acudirá un grupo de parlamentarios españoles de todos los grupos políticos. La delegación del Senado está compuesta por Rosa Vindel, del grupo popular, María José Fernández, del grupo socialista, Josep Lluís Cleires i González, del grupo nacionalista, Jon Iñarritu García, del grupo mixto, José María Cazalis, del grupo vasco, Joan Comorera, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Jordi Martí Deulofeu, de Esquerra Republicana. A estos siete integrantes que parten el domingo para Florida les acompañarán Alfonso Cuenca, letrado de las Cortes Generales y Rosa Orozco, que ejercerá como secretaria de la delegación. A ésta se suma, en representación del Congreso, el diputado Francisco Molinero, vicepresidente primero de la Comisión de Justicia, e Isabel Revuelta de Rojas, letrada de la Comisión.

«Es importante que acudamos porque estamos siguiendo el caso desde hace más de 18 años. El Senado aprobó –en su día– unas resoluciones sobre la situación de los presos españoles en el extranjero, y una de las recomendaciones fue que, aunque pasaran las legislaturas, si hubiera un ciudadano español condenado a muerte en algún lugar del mundo, el Senado se hiciera cargo de él. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos estado en contacto permanente con él, con su familia y abogados, y ahora ha llegado el momento de estar presentes en el nuevo juicio. El jefe de los abogados de Ibar nos lo ha pedido para demostrar al jurado que Pablo tiene un país detrás de él apoyándole. Todos los que vamos estamos en contra de la pena de muerte», manifestó Vindel.

«Es una cuestión de derechos humanos. Cualquier ciudadano se merece tener un juicio justo. Parece que no está demostrado ni hay pruebas contundentes que lo culpabilicen. Nuestra presencia puede ayudar a que tenga un litigio justo después de casi media vida en el corredor de la muerte», afirmó Fernández.

Similar opinión trasladó Martí, que, tras reiterar su oposición «a la pena de muerte en cualquier circunstancia y por cualquier motivo», recordó que todas las personas tienen «derecho a un pleito justo y a una defensa eficaz. Lo fundamental es que haya garantías procesales».

«No es una cuestión de que crea o no en su inocencia, sino de que tenga un juicio justo, cosa que hasta ahora no ha tenido», añadió Comorera, que explicó que tanto la familia como los abogados de Ibar les han pedido que vayan. Un gesto simbólico que es más importante de lo que a priori pudiera parecer, porque, tal y como explica Cazalis, «en el sistema norteamericano, a los jurados les influye, les impresiona y les parece muy positivo que la familia –de una persona que se enfrente a esta pena– esté en las vistas, y ni qué decir tiene que asista un grupo de senadores para pedir un juicio justo porque el que tuvo fue un despropósito».

«Parece mentira que en el siglo en el que estamos aún haya un condenado a muerte que además lleva mucho tiempo sin saber lo que le va a suceder. Nos parece una cosa terrible y por ese motivo es importante que, como representantes democráticos, vayamos allí, que tenga nuestro apoyo para un juicio justo y que después la pena sea la que sea pero en ningún caso la pena de muerte», precisó Cleires i González.

Pablo «tiene derecho a ser un presunto inocente, porque el juicio (anterior) se basaba en unas pruebas como la grabación de un vídeo en la que sale uno de los autores del crimen que hoy varios peritos dicen que no es él por las pruebas morfológicas, unas mediciones que no se podían hacer 20 años, pero hoy sí. O de un testimonio que la propia Fiscalía ha pedido retirar por contradecirse», concluyó Iñarritu.