Los sindicatos denuncian los “sueldos desorbitados” y la desigualdad salarial en RTVE tras la demanda de Silvia Intxaurrondo

El debate sobre los altos salarios en la radiotelevisión pública ha vuelto al primer plano tras la demanda presentada por la periodista Silvia Intxaurrondo contra RTVE, alegando la pérdida significativa de condiciones económicas y profesionales al pasar de un contrato mercantil —por el que llegó a percibir cerca de 270.000 euros anuales— a una relación laboral regulada que comporta un salario inferior a los 45.000 euros anuales, en cumplimiento del convenio colectivo y tras la intervención de la Inspección de Trabajo.​

La reacción sindical no se ha hecho esperar. El sindicato USO, uno de los más activos en la corporación, ha emitido un comunicado en el que denuncia “privilegios y desigualdades intolerables” en una empresa pública “que pertenece a todos los ciudadanos”, al tiempo que exige transparencia y respeto a los trabajadores que mantienen el servicio informativo cada día. La crítica se centra en los sueldos excepcionales que perciben algunos perfiles mediáticos recién incorporados a RTVE, ajenos al convenio y a las tablas salariales vigentes, mientras la mayoría de la plantilla acumula años de pérdida de poder adquisitivo y ve bloqueada la posibilidad de progresar por vía de oposición pública.​

La tabla salarial filtrada y difundida por sindicatos ilustra la dimensión del problema: Pepa Bueno, presentadora del Telediario de La 1, lidera con 265.300 euros anuales, seguida de Juan Ramón Lucas (183.000€), David Cantero (180.000€), Isabel Gemio (150.000€), Miguel Ángel Méndez (157.500€), y otros nombres como Lourdes Maldonado, Ángeles Caso y Gorka Rodríguez entre los 110.000 y 115.000 euros al año. Esta revelación ha intensificado las críticas internas, especialmente cuando RTVE mantiene concursos de oposición abiertos para cientos de profesionales que ya acreditan méritos, formación y experiencia y que aspiran a condiciones justas y homologadas.​

Los sindicatos recuerdan que la ley exige que ningún nombre propio, por conocido que sea, esté por encima del régimen de transparencia, el convenio colectivo ni el respeto a los trabajadores. Insisten en que “cualquier intento de retribuir por encima de esos límites rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público”. El caso de Intxaurrondo, que reclama judicialmente las condiciones económicas de su anterior contrato mercantil, pone en evidencia el doble rasero aplicado entre figuras públicas y la plantilla estructural, y evidencia la urgencia de reforzar un modelo basado en el mérito y la equidad.​

La polémica sobre los contratos irregulares y las externalizaciones está lejos de cerrarse. Los sindicatos exigen acabar con la “cultura del privilegio” y evitar situaciones en las que “se firman contratos especiales que multiplican por varias veces los sueldos del personal fijo”. Mientras tanto, la vista judicial por la demanda de Intxaurrondo está prevista para primavera de 2026, en lo que podría establecer un precedente clave sobre la gestión salarial y contractual en el sector audiovisual público en España