¡Gastad, gastad, malditos!

Torsten Persson es un economista sueco, miembro del Comité que elige al Premio Nobel de Economía, que sostiene que «los gobiernos de coalición gastan más para contentar a su electorado». La Fundación BBVA, que preside Carlos Torres, le ha concedido este año el Premio Fronteras de Conocimiento en el apartado de Finanzas y Gestión de Empresas, reconocimiento compartido con sus colegas Timothy Besley y Guido Tabellini. Torsten estuvo en Bilbao para recoger un premio que varios economistas recibieron antes del Nobel y percibió que los asuntos económicos no serían determinantes en la actual campaña electoral. Ahora acaba de explicar en las páginas del periódico «Cinco Días» que «la representación proporcional permite que haya más partidos (...) y si los votantes pertenecen a diferentes grupos, lo lógico es que tengas que gastar para satisfacer a tu base electoral y para cumplir los acuerdos programáticos que hayas hecho en el gobierno de coalición».

Torsten –a veces sí hay coincidencias– dice esto justo cuando la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) acaba de publicar su último informe –anual– sobre el gasto por funciones de las Administraciones Públicas (AAPP) correspondiente a los años 2017-2021, que abarca casi todo el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez. Los datos adolecen de retraso, pero son oficiales y los últimos. Las grandes cifras eran más que conocidas, pero no algunos detalles. El informe constata un espectacular incremento del gasto público del 27,2 %, al pasar de 480.265 millones en 2017 a 610.864 millones en 2021, que llegaron a 634.300 en 2022, un 32 % más que en 2017, aunque del último ejercicio –a pesar de que se cerró hace más de seis meses– no hay datos desglosados.

Todavía más, Funcas, la Fundacion de las Cajas de Ahorros, uno de los principales Think Tanks económicos del país, prevé, en su informe de julio, que 2023 se cerrará con un gasto público consolidado de las AAPP de unos 660.000 millones de euros, 180.535 millones y un 37.5 % más que el último año completo que gobernó Mariano Rajoy. Son cifras mareantes y difíciles de imaginar para la mayoría de los ciudadanos, que siempre suelen demandar más servicios y prestaciones sociales, pero quizá ignaros de su coste. Ahora, en campaña electoral, el Gobierno de Sánchez promete más gasto y todavía más la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que se refugia en el mantra de que los ricos y las empresas deben pagar más impuestos, sin medir las consecuencias.

¡Danzad, danzad, malditos! fue aquella película de Sydney Pollak (1931-2008), con Jane Fonda de estrella, en la que los protagonistas compiten en un maratón de baile durante la Gran Depresión americana por 1.500 dólares de premio, que era mucho dinero de la época, aunque no se solucionaba la vida personal, y todo a costa de un esfuerzo inhumano. Un esfuerzo casi tan hercúleo como el que hace la sociedad española por autopagarse –es la realidad–el inmenso gasto público. El informe reciente de la IGAE detalla cómo se gasta esa monstruosidad.

Una gran parte, casi 420.000 millones, va destinada a sufragar el llamado Estado del Bienestar y representa alrededor del 70,2 % de todo el gasto. Son casi 100.000 millones más que en 2017, pero proporcionalmente representa menos del total, que ese año era el 71,8 %. El desglose detallado indica que 248.474 millones se destinaron a protección social, incluidas pensiones y cobertura del desempleo. La sanidad gastó 88.625 millones, mientras que a educación se dedicaron 55.637 millones de euros y, según algunos criterios, también habría que incluir los 24.621 millones con los que se sufraga el orden público, aunque es discutible incluirlo en el Estado del Bienestar.

El resto del gasto, nada menos que 180.000 millones, va a parar a las rúbricas de asuntos económicos», en parte cajón de sastre –78.000 millones–; «ocio, cultura y religión» –14.000 millones–; «protección del medioambiente» –12.000 millones» y «vivienda y servicios comunitarios» –5.900 millones–.

Todo eso significa que mientras que el gasto en «Protección social» creció un 28 % entre 2017 y 2021, los «otros gastos» lo hicieron nada menos que un 34.1 %, una tendencia que, según las previsiones, se habrá consolidado en 2022 y seguirá al alza en 2023, sobre todo tras las últimas medidas, de más gasto –electorales– del Gobierno en vísperas de los comicios. ¡Gastad, gastad, malditos! Aquí está el ejemplo español que confirma la teoría de que los gobiernos de coalición gastan más, como ya detectó y explicó en su momento el premiado sueco Persson.

Menos cotizantes por pensionista y las cuentas que nunca cuadran

El número de cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista está a punto de ser menos de 2 por 1, según un informe del BBVA, que también refleja que en Asturias apenas hay 1,2 cotizantes por cada pensionista. Al mismo tiempo, una serie de catedráticos, agrupados en el Círculo Cívico de Opinión, han publicado un informe titulado «el error Escrivá», en el que critican con dureza el decreto ley de reforma de las pensiones del ministro y consideran que sin cambios son insostenibles.

Dudas y advertencias sobre las consecuencias de la desglobalización

Las economistas Martina Di Sano, Vanessa Gunnella y Laura Lebastardre advierten, en el Blog del Banco Central Europeo, que los cambios geopolíticos recientes plantean interrogantes sobre si estamos ante una desglobalización económica. Creen que todavía no hay pruebas sólidas, pero advierten de que el riesgo de fragmentación del comercio mundial es real y que sus consecuencias podrían ser graves tanto para los productores como para los consumidores.