América Latina

Uribe renuncia al Senado de Colombia mientras es investigado

El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció que renunciaba al Senado porque su posición de legislador se ha visto obstaculizada por una investigación de la Corte Suprema de Justicia

Uribe renuncia a su curul en el Senado colombiano tras detención domiciliaria
AME9147. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/08/2020.- Fotografía de archivo fechada el 08 de octubre de 2019 del expresidente colombiano Álvaro Uribe en la sede del partido Centro Demócrático en Bogotá (Colombia). El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, renunció este martes a su curul en el Senado, medida con la que abre un nuevo camino al proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. "La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales (...) anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas", manifestó Uribe en una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char. EFE/ JUAN ZARAMAJuan Z PeriniEFE

(AP). El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció el martes que renunciaba al Senado porque su posición de legislador se ha visto obstaculizada por una investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre una presunta manipulación de testigos en un caso que ha polarizado al país.

Uribe publicó su carta de renuncia en Twitter. En ella criticó la decisión de la corte de ponerlo en detención domiciliaria mientras avanza la pesquisa, afirmando que era una violación de sus derechos que “anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado”.

“Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades”, escribió en la misiva de una página.

Uribe no ha sido encausado y refuta las acusaciones en su contra.

El caso ha dividido a los colombianos y ha puesto de relieve las continuas tensiones sobre el histórico acuerdo de paz nacional de 2016 que puso fin al conflicto más largo de América Latina. Los simpatizantes de Uribe consideran que su arresto domiciliario es una injusticia y señalan que la mayoría de los excombatientes están libres mientras testifican sobre sus crímenes de guerra como parte del acuerdo. Sus detractores y analistas sostienen que la orden de arresto domiciliario muestra que incluso los más poderosos pueden ser llamados a rendir cuentas.

La renuncia es una posible táctica dilatoria porque obligará a la Corte Suprema a sopesar si todavía tiene jurisdicción en el caso, dijo Sergio Guzmán, director de la firma de consultoría Colombia Risk Analysis. La corte lleva a cabo la pesquisa debido a la condición de legislador de Uribe.

Guzmán dijo que prevé que la corte retenga la jurisdicción porque la presunta manipulación de testigos ocurrió durante el periodo de Uribe en el Senado. Sin embargo, añadió, “esta medida añade nuevos aspectos al caso, así que no es algo sobre lo que la corte pueda fallar en un futuro próximo”.

El influyente exmandatario está siendo investigado por cualquier participación en una presunta trama para hacer que exparamilitares encarcelados testificaran a su favor. Desde los inicios de su carrera, Uribe ha sido acusado de tener vínculos con paramilitares, los cuales fueron organizados por terratenientes para combatir a la guerrilla izquierdista que cometía secuestros, homicidios y extorsiones.

Poco más de 1.500 páginas de documentos judiciales obtenidos por The Associated Press muestran que Uribe estuvo estrechamente involucrado en trabajar con un abogado en la búsqueda de exparamilitares que pudieran refutar su presunta implicación en las actividades a las que se dedicaban y que en su lugar aseguraran que un legislador opositor los obligó a presentar falso testimonio contra él.

Los abogados de Uribe en la corte han afirmado que él tuvo poca o ninguna participación en el intento de encontrar a esos testigos.

En su carta de renuncia al Senado, Uribe dijo que ocho de sus garantías procesales fueron violadas, entre ellas que sus abogados no hubieran podido interrogar a testigos. Asimismo reiteró la demanda de su partido a favor de una reforma judicial, en particular un cambio al sistema de elección de magistrados.

“Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud”, escribió.

La noticia de la detención domiciliaria dispuesta por la Corte Suprema —la primera contra un exmandatario en la historia reciente— causó conmoción en Colombia hace dos semanas. Dada la prohibición de efectuar protestas a pie al aire libre debido a las restricciones por el coronavirus, los partidarios organizaron largas caravanas de vehículos que avanzaban lentamente y hacían sonar sus bocinas por las principales ciudades. En el Congreso, sus aliados colocaron en bancas vacías una docena de cartulinas con imágenes de Uribe y su banda presidencial.

Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha cuestionado la decisión de la corte.

“Nos sumamos a todas las voces amantes de la libertad en el mundo en el llamado a las autoridades colombianas para que permitan a este héroe, que recibió la Medalla de la Libertad otorgada por el presidente de Estados Unidos, defenderse como hombre libre”, escribió Pence en Twitter.

Estos comentarios molestaron a grupos defensores de las libertades civiles a los que preocupa que el caso se esté transformando en un juicio del historial de Uribe y no de los presuntos delitos. La impunidad reina en Colombia en una amplia gama de delitos, y quienes ocupan posiciones de poder escapan con frecuencia a cualquier castigo, así que el caso es visto como una prueba importante de la independencia del poder judicial en el país.

Uribe es aclamado por sus simpatizantes debido a su política de mano dura contra los rebeldes marxistas. Una fuerte campaña militar debilitó a la guerrilla que finalmente decidió negociar la paz. Sin embargo, Uribe gobernó el país cuando ocurrieron algunos de los peores abusos de los derechos humanos, incluido un escándalo en el que los soldados mataron a miles de colombianos pobres y los hicieron pasar como rebeldes para cobrar bonos.