La sentencia de los ERE reaviva el debate sobre el control de los fondos públicos

La sentencia del «caso ERE», que se da a conocer hoy casi un año después de que terminara el juicio, está reavivando el debate sobre el control de los fondos públicos. El fallo arrojará luz sobre la desviación de casi 650 millones de euros destinados a ayudar a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, un caso en el que están imputados 21 altos cargos del PSOE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se enfrentan a 10 años de inhabilitación y seis años de cárcel, respectivamente.

¿Es posible que este fraude se repita? La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se refirió ayer a este asunto apuntando que la Junta «no se ha dotado» de herramientas que impidan estos casos, por lo que «sigue habiendo huecos» por los que pueden «colarse» este tipo de prácticas. En una entrevista en Canal Sur, Rodríguez aseguró que «el daño ya está hecho y la sentencia no va a arreglar lo que ya está roto». «Hay una profunda desconfianza tanto dentro de la administración como en la sociedad respecto a estas políticas, tan importantes para la formación y las ayudas al tejido productivo, lo que resulta gravísimo», dijo.

La líder andaluza de Podemos recordó que su formación ha reclamado que se refuercen los mecanismos de auditorías y supervisión en este tipo de procedimientos a través de la Cámara de Cuentas, de la que dijo que no tiene recursos suficientes para fiscalizar a todas las administraciones públicas andaluzas. Además, avanzó que su grupo parlamentario volverá a presentar en la Cámara autonómica una ley de «cuentas claras y abiertas» para que los presupuestos y contratos que lleva a cabo la Junta sean «transparentes y visibles» para la ciudadanía.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, hizo balance del proceso, subrayando la «lucha» de su partido en las instituciones y ante la justicia, una batalla en la que en ocasiones se han «sentido solos». Junto a ello, lamentó que el PSOE «siempre intentó ocultar la verdad y nunca colaboró con la justicia». López señaló que se trata del «mayor caso de corrupción de la historia de la democracia» y recordó que sólo el PP se personó en la causa porque «no era un caso de tres o cuatro golfos» ni algo «anecdótico».

Los populares, que respetarán la decisión judicial, «como no puede ser de otra manera», criticaron que el PSOE haya intentado durante estos años ejercer «presiones» hablando de «una causa general» o de un proceso «inquisitorial». «Diga lo que diga la justicia siempre la vamos a respetar, pero ha quedado muy claro que a lo largo de estos años el PSOE intentó tomar el pelo a todos los andaluces», aseguró López, quien denunció la «corrupción institucionalizada» de los gobiernos socialistas, algo que también ve reflejado en el caso de la Faffe.

Según expuso la número 2 del PP andaluz, el procedimiento del PSOE «ha sido el mismo que en los ERE», primero «negando» los hechos y cuando ya eran «vergonzantes» reducirlos a «simples anécdotas» e «impedir que se sepa la verdad».

La Junta, de su lado, espera «con absoluta prudencia» el fallo, tal y como aseguró el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien quiso señalar que hoy «termina una etapa en Andalucía, habrá un antes y un después en la comunidad autónoma a partir de la sentencia sea esta en los términos que sea». A partir de ahora, por tanto, a la región «le toca ahora mirar al futuro con optimismo, sin nubarrones negros y tenemos que aprovechar esta oportunidad».

«Ahora mismo Andalucía lidera a muchas comunidades autónomas en muchísimas cosas como en exportaciones, en crecimiento económico, en creación de empleo, en número de autónomos, en empresas creadas y eso no pasaba antes nunca», señaló.

Más explícito fue el vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, quien aseguró que si la sentencia es condenatoria espera que vaya «en la línea de depurar responsabilidades políticas, que debió haberlas». Marín reconoció que esperaba que el fallo «hubiera salido mucho antes, porque ocho años sembrando dudas no beneficia absolutamente a nadie». Tras subrayar que la decisión del tribunal «hay que respetarla y acatarla», argumentó que si es absolutoria «habrá personas que han estado pasando verdaderas calamidades e infamias, y ya su honor no se podrá restituir».

Sobre la idoneidad de que Susana Díaz dimita si sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán son condenados, Marín recordó que Ciudadanos pidió que ambos dejaran sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente, por estar imputados por corrupción política.

«Que yo sepa a partir del acuerdo que planteó Ciudadanos no hay ningún diputado en el Parlamento ni ningún cargo en el Gobierno de la Junta que esté imputado en ningún caso y se mantenga en su puesto».