Andalucía
Un sector hastiado ante los bajos precios del aceite de oliva
La Unión de Pequeños Agricultores reclama que se modifique la Ley de la Cadena Alimentaria y la formalización de contratos tipo con cantidades mínimas ligadas a los costes de producción
«En cuestión de un año el precio del aceite ha bajado un 40 por ciento». La voz de alarma la da Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, consciente de los problemas que vienen padeciendo los productores por los bajos precios en el mercado del denominado «oro líquido», pese a las cifras récord de la campaña pasada. La actual, tras las últimas lluvias y los datos que va arrojando, tiene buenas perspectivas. De hecho, según el informe de la Agencia de Información y Control Alimentarios recopilados por la organización agraria, Andalucía produjo en el mes de octubre 32.000 toneladas de aceite, lo que supone la mayor aportación a nivel nacional, una cifra que alcanzó las 42.000 toneladas recolectadas. En octubre del año pasado, a nivel nacional, la producción sólo llegaba a las 7.300 toneladas debido al retraso generalizado que sufrió la recolección.
En relación a las salidas al mercado, al inicio de la actual campaña se han puesto en circulación 156.000 toneladas en el mercado interior aparente, incluidas las importaciones (15.000 toneladas). Con estos datos de entradas y salidas de aceite, las existencias totales a finales de octubre se situaban en 641.168 toneladas repartidas de la siguiente manera: 421.300 en almazaras, 193.769 en envasadores y refinerías y 26.000 en el patrimonio comunal olivarero.
«Estamos en un mercado global y lo que importa realmente es la producción mundial para que baje o suba el precio», apunta Cobos, no sin antes recordar que otros países han tenido malas cosechas, como Grecia, Italia, Marruecos, Argel, Turquía o Portugal. Según UPA, el precio actual de la variedad de oliva virgen extra es de 2,10 euros el kilo aproximadamente, el aceite de oliva virgen 1,95 y el lampante 1,85. En la campaña anterior los precios rondaban los 3,40 o 3,50 euros. «Estamos por debajo de los costes de producción», critica Cobos, quien apunta que estos costes están fijados en 2,70 euros, tal y como lo establecen el Ministerio y la Consejería de Agricultura.
¿Qué se puede hacer para combatir los bajos precios? «Todavía quedan muchas cosas por resolver en el sector», sostiene Cobos. De un lado, por lo que respecta a la Junta, sugiere que ponga en marcha más controles de calidad, campañas de promoción tanto internas como externas y aportar recursos para que haya una mayor concentración de la oferta. Al Gobierno central reclama la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y la prohibición de prácticas comerciales «desleales» como la venta a pérdidas o el uso del aceite como producto reclamo en las grandes superficies de venta, con medidas que «sean ejemplarizantes».
Recientemente, la Unión Europea autorizó el almacenamiento privado, una medida reclamada insistentemente por el sector que consiste en retirar del mercado una cantidad de aceite para equilibrar la oferta y la demanda. Habrá cuatro licitaciones –en noviembre, diciembre, enero y febrero– y cada cooperativa hará una propuesta de cantidad retirada y el montante económico que quiere recibir, a modo de compensación. No obstante, Cobos matiza que «estamos en plena campaña y a lo mejor ahora no es el momento más oportuno para realizar esta retirada porque vamos a tener aceite nuevo ya», aunque apunta que puede servir para «cambiar la tendencia».
Otro efecto de los bajos precios es que el negocio se va resintiendo y los empresarios y pequeños propietarios optan por abandonar la producción para dedicarse a otros cultivos o sectores. En este punto, Cobos apunta que «si queremos combatir el fenómeno de la España vaciada y que los jóvenes se queden en nuestros pueblos, hay que garantizar una renta mínima», similar a las que se obtienen en las ciudades. Una medida en este sentido puede ser fijar en los contratos un precio mínimo del aceite «para garantizar una renta razonable al agricultor». «Esto es posible, pero hay que modificar la ley de competencia y hacer una excepción para el ámbito agrario».
Con la campaña recién comenzada, UPA no es partidaria de llevar a cabo más medidas de protesta. Cobos emplaza al sector a febrero, cuando concluya la cosecha y se analicen los precios y los efectos de las medidas articuladas por las administraciones.
Almacenamiento privado: 180 días y un mínimo de 50 toneladas
La Consejería de Agricultura publicó recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva, una medida aprobada por la Comisión Europea que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Tras fijarse el importe de la ayuda por tonelada y para cada uno de los productos afectados (aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante), la Consejería procederá a la firma de los contratos con los agentes económicos del sector que han presentado una oferta inferior al umbral máximo marcado por la Comisión. En total, el periodo alcanza los 180 días para el almacenamiento y las ofertas de licitación cuentan con cuatro subperiodos diferentes: el primero concluyó el pasado día 26, del 12 al 17 de diciembre, del 22 al 27 de enero y del 20 al 25 de febrero. La cantidad mínima es de 50 toneladas de aceite a granel y los beneficiarios son tanto los fabricantes como los profesionales dedicados al envasado.
Se trata de una medida que persigue combatir los bajos precios del aceite. Junto a ello, fuentes de la Consejería aseguraron que se han puesto en marcha otras acciones en este sentido, como la promoción de cara al consumo nacional e internacional, ahondar en la autorregulación, la posibilidad de añadir una etiqueta adicional a los productos para destacar su carácter saludable, continuar con los planes de inspección de los envases rellenables, la puesta en marcha de un centro de referencia del aceite de oliva en Jaén o la ampliación de una línea de apoyo adicional al olivar con más dificultad, dotada con 44 millones en los Presupuestos de 2020.
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