La Junta traslada al juzgado información de los ERE guardada en tres cajas fuertes

«Cada día nos sorprende más que el anterior». El «caso ERE» sigue deparando novedades después de la histórica sentencia de la pieza política que condenó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros ex altos cargos de los anteriores gobiernos socialistas. El último eslabón de esta cadena fraudulenta es la aparición de tres cajas fuertes con documentación «en sobres lacrados» relativa a los ERE que «señala a anteriores presidentes y gobiernos socialistas por las ayudas millonarias que dieron lugar a este sistema fraudulento», tal y como desveló ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En concreto, fueron los trabajadores de IDEA los que alertaron de la existencia de estas tres cajas fuertes, de un metro de altura, en las dependencias de la agencia. La Junta ha trasladado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso, esta documentación que venía reclamando la Justicia y que estaba escondida «bajo llave».

Bendodo aludió a dos convenios privados, uno de ellos firmado por el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenado a nueve años de inhabilitación por el «caso ERE», fechado el 30 de diciembre de 1998, cuando era presidente de la Junta Manuel Chaves, que recibió la misma condena recientemente. El documento aparece «sin membrete oficial, no pasó por la Intervención y no figuró en los Presupuestos», recordó el consejero popular, quien se preguntó «qué hacía un consejero firmando un documento privado».

Este convenio se enmarca en la operación de compra-venta de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén. La rúbrica de Zarrías aparece porque la operación afecta a dos consejerías: Trabajo e Industria y Agricultura y Pesca. La empresa que la adquirió, Campofrío, se comprometía a invertir 4.000 millones de pesetas en cuatro años y la Junta a la concesión de todas las ayudas que contemple la legislación, como medidas de fomento del empleo. El objetivo era crear 300 puestos de trabajo y, entonces, la Junta calculó una subvención de 417 millones de pesetas, junto a otros 314 por el mantenimiento de la actividad productiva.

En la documentación se especifica que las ayudas concedidas a Hamsa fueron declaradas ilegales por las autoridades europeas y la Junta se comprometía a no pedir la devolución de los préstamos.

En cuanto al contrato de compra-venta, fue firmado por el vicepresidente de Campofrío y el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego IDEA-. En la documentación encontrada se pone de manifiesto que la empresa Hamsa «recibió ayudas ilegales por importe de más de 8.000 millones de pesetas», cuando «no existía autorización de las autoridades comunitarias y eran incompatibles con la normativa», mientras «se pacta el compromiso de no reclamar las ayudas al comprador».

Se hace constar que Campofrío creará 300 puestos de trabajo, tal y como figura en el contrato «privado» suscrito por Zarrías, que se contratará a ex trabajadores de Hamsa y que el precio de la compra-venta es de 1.100 millones de las antiguas pesetas.

Diecisiete días después de la firma de estos dos documentos, concretamente el 16 de enero de 1999, Chaves y Zarrías se reunieron en Jaén con la plantilla de la empresa Hamsa para explicar los detalles de la operación.

Según Bendodo, «no podemos dejar pasar ni una porque esto es un escándalo y una vergüenza», al tiempo que apuntó que «queda demostrada la operación fraudulenta que hacía la Junta de Andalucía: perdonar 8.000 millones de las antiguas pesetas y pagar otros mil más a una empresa de Jaén a sabiendas de que estas ayudas ya habían sido declarado ilegales por la Unión Europea, y que la empresa nunca iba a devolver los préstamos».

A juicio del consejero de Presidencia, «no caben más excusas» porque «todo el Consejo de Gobierno sabía de la estrategia por la que se dio este mecanismo» y advirtió de que la información encontrada «arrojará mucha luz». No obstante, matizó que estos dos convenios sólo es una parte de la documentación hallada en las cajas fuertes y en estos momentos se está analizando más información para ver si se traslada también al juzgado, sobre todo la que solicitó en su momento y que los presidentes que sucedieron a Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, «no lo hicieron, obstaculizando la labor de la Justicia», remarcó.