El PSOE se defiende: pidió a Hamsa por vía judicial que devolviera el crédito

La aparición de tres cajas fuertes con documentos de los ERE ha provocado una convulsión en el panorama político andaluz, con reacciones de todo tipo que van desde la indignación hasta las dudas en torno a la denuncia del Gobierno de PP y Ciudadanos. El PSOE se defendió acusando al Ejecutivo de Juanma Moreno de «ocultar información de forma interesada» y recordó que los anteriores gobiernos socialistas pidieron por vía judicial a la empresa Hamsa que devolviera el crédito concedido.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, calificó de «ruin y miserable» al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, por hacer un «montaje tan infame», remarcando que la Junta se personó en el convenio de acreedores cuando la última empresa que compró Hamsa –una filial de Primayor– presentó el concurso en 2007 con el fin de recuperar ese crédito puente que le concedió y que se convirtió en participativo al presentar quiebra la compañía. Según explicó el portavoz socialista, un juzgado de primera instancia denegó a la Junta su reclamación como acreedor principal, pero el siguiente órgano judicial le dio la razón, si bien ese convenio de acreedores se ha resuelto pero no se ha liquidado todavía.

Por tanto, Fiscal afirmó que la Junta «jamás ha hecho otra cosa que no sea intentar recuperar el dinero que esa empresa tuviera que devolver legalmente».

Por este asunto, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Manuel Chaves, ex presidente de la Junta, y otros nueve ex altos cargos del Gobierno autonómico cometieron prevaricación y malversación al dar el préstamo puente de 5,8 millones a Hamsa en 1999, que luego pasó a ser Campocarne (filial de Campofrío) y después Primayor. Sobre las ayudas de 8.000 millones de pesetas concedidas por la Junta a Hamsa a finales de los años noventa, que fueron declaradas ilegales por la UE, el convenio, firmado por el ex consejero Gaspar Zarrías y el director de Campofrío, renunciaba a reclamarlas porque «la empresa se vendía sin cargas ni deudas a cambio de mantener el empleo y la actividad», señaló Fiscal.

En las filas populares se siguió la línea trazada el pasado martes por Bendodo, quien ayer aseguró que la sentencia de los ERE ha sido un detonante que «ha animado a mucha gente a denunciar lo que había», mostrándose convencido de que «así irá ocurriendo en los próximos meses». Igualmente, defendió que el Gobierno andaluz «tiene la obligación de contar» a los andaluces las irregularidades de los anteriores gobiernos socialistas. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, por su parte, pidió la dimisión de la líder del PSOE-A, Susana Díaz. «Andalucía necesita un buen Gobierno y una buena oposición, y sólo tiene un buen Gobierno; hace falta un PSOE nuevo y sólido», señaló.

Ciudadanos echó mano de ironía al subrayar que la mejor película del género de la mafia del director Martin Scorsese «se queda en pañales» con los casos «descomunales» de corrupción en Andalucía durante los 37 años de gobiernos socialistas. El portavoz parlamentario de la formación naranja, Sergio Romero, auguró que el Gobierno del PP y Ciudadanos «seguirá levantando alfombras y lamentablemente esto será un hecho más».

Muy crítica se mostró la coalición de izquierdas Adelante Andalucía, que mostró su «vergüenza y repugnancia» ante la aparición de estas cajas fuertes. Su portavoz parlamentaria, Ángela Aguilera, aseguró que, «más allá de si se sobreactúa o no, que ya se verá», son necesarias leyes de cuentas y de lucha contra la corrupción.

Cierta equidistancia con la Junta mostró Vox al señalar que parece «un poco de película» que ahora hayan aparecido estas cajas fuertes, por lo que confió en que el nuevo Gobierno andaluz no pretenda buscar un «rédito político o una rentabilidad a corto plazo» con la corrupción de etapas anteriores.