Infraestructuras: ante el reto de superar los 2.500 millones de inversión pública

«Lo que queremos es que haya una inversión real en infraestructuras y no sólo anuncios de planificaciones». Así lo asegura a LA RAZÓN Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop), una organización que concreta el montante económico que deben invertir todas las administraciones –Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones provinciales– para cubrir las necesidades de la región en materia de infraestructuras: entre 2.500 y 2.800 millones de euros. «Tenemos claro que los niveles de inversión que había en 2006, 2007 o incluso 2008, cuando empezó la crisis de una manera más virulenta, no se van a repetir», reconoce, además de subrayar que con la cantidad que plantea se conservaría todo el patrimonio en infraestructuras y se completarían proyectos tan necesarios como las redes de carreteras y de metros, el transporte metropolitano, las depuradoras y se mejoraría el trazado de las calles de las ciudades. En 2018, según los datos que aporta, la inversión llegó a los 1.300 millones de euros, en 2017 a los 1.100 y en 2016 a los 700.

Chocano señala que para concretar una infraestructura lo «fundamental» es que exista un Presupuesto. Andalucía ya aprobó el de este año y la patronal de la construcción lo valora positivamente, siempre que «se cumpla con lo consignado». «La experiencia nos dice que si se llega a una ejecución del 60 por ciento, el Gobierno de turno se lo toma como un éxito, cuando en realidad es un fracaso», insiste, al tiempo que recuerda que la Ley de Presupuestos «es una de las principales normas que se aprueban cada año en los parlamentos y que reiteradamente se incumple». Por lo que respecta a las cuentas andaluzas, al tener un carácter anual, considera que lo consignado a los metros de Sevilla y Málaga «es una parte ínfima de lo que se necesita realmente». El metro de Sevilla recibe casi un millón de euros para la redacción de proyectos. Chocano, no obstante, valora positivamente que antes de que terminara 2019 se licitara una parte de la línea 3, pero «al ritmo que llevamos va a ser imposible que en esta legislatura empiecen las obras».

Sin embargo, la patronal apunta que, como Administración, el «máximo tractor» en materia de infraestructuras es el Gobierno central. En este punto, recuerda que «hemos atravesado una penuria bastante importante en 2019, con unos Presupuestos prorrogados que no plasmaban las necesidades de inversión», por lo que trabajar en este contexto «es bastante dificultoso». También hay que añadir los requisitos «que impone Europa de no endeudamiento de las administraciones públicas», lo que ha condicionado la puesta en marcha de numerosos proyectos. Chocano ve más sombras que luces ante la nueva etapa que ahora se inicia, con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. «Si se cumple todo lo que han venido anunciando, las infraestructuras no van a ser prioritarias», asegura en referencia a la mirada eminentemente social del nuevo Ejecutivo. El panorama se complica, a su juicio, porque lo poco que se adjudica se hace a la oferta más barata, además de tener que cumplir las empresas unas cláusulas sociales, en referencia a la contratación de parados de larga duración o la necesidad de formar a personas que llevan mucho tiempo desconectadas del mercado laboral. «Estamos encantados de cumplir esos requisitos, siempre y cuando el contrato tenga hueco», advierte.

La prioridad de la Consejería de Fomento es la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda. Ceacop considera esta iniciativa una «oportunidad», sobre todo en un ámbito que ha permanecido casi en blanco durante una década, con la fórmula de la colaboración público-privada.

«Acelerar» las licitaciones de las obras vinculadas al canon del agua

La gestión en torno al canon del agua, un impuesto finalista que, en teoría, debe invertirse en obras de depuración, sigue estando bajo sospecha. La Junta acaba de denunciar un desfase de 71,5 millones de euros en la ejecución de estas obras en 2017, ya que el Gobierno anterior aseguró que había realizado obras por valor de 190 millones de euros, mientras que tanto la Cámara de Cuentas como la Intervención General de la Junta reducen esa cifra a 118,5. La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, lamenta que en este ámbito hay «un dinero ocioso que se recauda a través de la factura del agua que no se emplea bien». No obstante, valora que antes de que concluyera 2019 la Junta licitara varios proyectos de obras de depuración y saneamiento, aunque insta al Gobierno andaluz a «acelerar» estos trámites. «Hay obras de depuración cuya oferta se presentó en enero, febrero o marzo del año pasado y a día de hoy no están adjudicadas», apunta. Igualmente, recuerda que hay casi 300 actuaciones declaradas de interés general y «al ritmo de una, dos o tres depuradoras al año vamos a tardar casi cien años en acabarlas». Ceacop insistió a los anteriores gobiernos sociales que este ámbito constituye «una oportunidad de trabajo». «Hay dinero para ello, las empresas necesitamos trabajar y nos estamos tecnificando de cara a la depuración de aguas, pero las licitaciones no echaban a andar». Siempre surgía algún problema, como los terrenos que los ayuntamientos debían poner a disposición de los proyectos. Un año después del denominado Gobierno del cambio en Andalucía, la patronal de la construcción cree que ha pasado un tiempo prudencial para que la Administración detecte «qué tiene y a dónde quiere llegar». Las licitaciones que tuvieron lugar a finales de 2019 son un «primer paso», pero, «como siempre, en Navidad se pierden unos días muy valiosos para la presentación de ofertas». Por tanto, la organización considera que la gestión en este ámbito es «francamente mejorable». «Lo que se necesita es que coja impulso y se llegue a una buena velocidad, ya que hay dinero y las empresas queremos trabajar».