El Arzobispado de Granada crea un protocolo para frenar los abusos sexuales a menores

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha aprobado y publicado, con una vigencia inicial de tres años, un protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y a personas vulnerables y un código de buenas prácticas para “ambientes sanos y seguros” en la iglesia de esta provincia.

Según recoge el decreto por el que se establece, publicado en la web del arzobispado, el protocolo tiene carácter vinculante para todos los que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.

“Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas”, indica Martínez.

El protocolo explicita y concreta las medidas prácticas para escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, y engloba aspectos como el maltrato físico, psicológico o emocional, ciberacoso y el sexual.

En cuanto a este último se refiere a aspectos como abuso sexual entendido como un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto, y también alude a acoso, provocación y explotación sexual.

Entre las medidas que plantea recoge que será obligatorio solicitar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas.

También que todos los sacerdotes o laicos firmen voluntariamente un documento de responsabilidad personal en el que manifiesten de forma expresa un rechazo personal a todo tipo de abuso sexual y en el que afirmen que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema.

El protocolo establece igualmente una comisión de protección de menores y personas vulnerables y programas de formación específica y dedica, además, un apartado a la detección, denuncia y actuación frente al abuso sexual.

El documento prohíbe estrictamente a los trabajadores pastorales infligir castigos corporales de cualquier tipo, establecer una relación preferencial con un menor de edad, dejar a un niño en una situación potencialmente peligrosa, recurrir a él de manera ofensiva o involucrarse en conductas inapropiadas o sexualmente sugestivas, y fotografiar o grabar a un menor sin consentimiento por escrito de sus padres o tutores.

También prohíbe ponerse en “situación de riesgo o claramente ambigua” como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, por ejemplo, en la sacristía de la iglesia, sala o dependencia parroquial y con la puerta cerrada, entre otras medidas.