El campo andaluz podría sufrir recortes millonarios por la nueva Política Agraria Común (PAC)

Las dudas sobre la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) entre 2028-2034 crecen, tras la inquietud expresada esta semana por el Gobierno español y el desmentido de la Comisión Europea (CE), que niega los recortes y defiende que su proyecto presupuestario incluye mejoras para el campo.

La preocupación española y el desmentido de la CE han salido a relucir durante la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrada en Copenhague, según las declaraciones respectivas del titular español del ramo, Luis Planas, y del propio comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

En el centro está la propuesta presupuestaria de la CE para 2028-2034 que revuelve al campo porque integra la PAC en un "megafondo" y desata los temores sobre los recortes en su financiación; unas rebajas que Planas ha cifrado en el en torno al 20 % y otras fuentes entre el 15 % y el 22 %.

Pero, según fuentes de la CE, la letra pequeña de la propuesta muestra otra realidad, "no hay recorte sino cambio de enfoque", aún no se conocen las dotaciones nacionales y el dinero para la PAC en España dependerá de quien la gobierne en 2028.

Los números

La CE argumenta que con las cifras conocidas hasta ahora no se puede decir que haya recorte respecto al marco actual (2021-2027) y que comparar los números de ambos períodos sería como "comparar peras con manzanas", porque aparte de que no se conocen los montantes nacionales el proyecto da más responsabilidad a los países para gestionarlos.

En concreto, la propuesta establece que la agricultura y la pesca de la UE disponga de un mínimo de 302.000 millones de euros más la reserva de crisis y, según las fuentes comunitarias, esa sería "la parte fija" para el sector primario, pero no la única y sería erróneo compararla con los 387.000 millones de la PAC entre 2021-2027.

Por ello, apuntan que a esa parte fija habría que sumar otras partidas variables: una de hasta 237.000 millones disponibles no reservados, que podrían ir al sector primario si los Gobiernos nacionales lo deciden en 2028.

También, según las mismas fuentes, habría que tener en cuenta que se podrían extraer fondos para el campo del montante de 218.000 millones para las regiones menos favorecidas de la UE; Ahora mismo entran en esa clasificación Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, Ceuta y Melilla. Otra circunstancia es que el presupuesto de 2028-2034 estará ajustado a la inflación (el actual no lo está).

Aparte, la propuesta establece 40.000 millones de euros para investigación en salud, agricultura y bioeconomía y, según las fuentes, aunque no se sabe cuánto irá al ámbito agrario, se destina tres veces más a estas actuaciones; en este caso no son los Gobiernos quienes gestionan estas ayudas sino que los proyectos de los países compiten. Pero España es uno de los más activos en programas de investigación agrícola, según las fuentes.

También esta semana, el economista y profesor universitario Alan Matthews, ha publicado en su blog que "la letra pequeña" de la propuesta revela que en estos momentos no se pueden saber los fondos para la PAC, pero hay posibilidades de que el nivel de apoyo "se mantenga en términos nominales" frente al marco financiero actual.

Ventajas que defiende la CE

La CE defiende que en la futura PAC se descentralizará más su gestión, se refuerza la respuesta a las crisis comerciales o geopolíticas y la adaptación a las necesidades locales.

"No es cierto que se nacionalice, los planes los propondrá el Gobierno y los aprobará la UE", según las fuentes.

En cuanto a la fusión de los pilares de la PAC -pagos directos y desarrollo rural- y la desaparición del segundo, desde Bruselas defienden que se unen para eliminar rigideces, evitar que se crucen ayudas, además de confirmar que se mantendrá la iniciativa Leader.

Otras novedades son la limitación de ayuda por agricultor a 100.000 euros al año, los cambios de exigencias ambientales por "incentivos" y las medidas de asesoramiento para que concilien los productores la vida profesional y privada, para mejorar la salud mental, con sustitutos por ejemplo para que tomen vacaciones y se pueda seguir ordeñando una vaca.

Se triplican los fondos para las crisis y también se plantea resolver la polémica de las "hamburguesas o bistecs veganos" con un proyecto legal para proteger los términos relacionados con la carne y evitar engaños al consumidor.