La bioclimatización de los centros educativos andaluces, más cerca

El clima asfixiante ha logrado la alquimia rara de una atmósfera de consenso. Los integrantes de la comisión de Educación y Deporte del Parlamento andaluz aprobaron ayer por unanimidad el dictamen de la Proposición de Ley relativa a la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables, impulsada por Adelante Andalucía. Fue el penúltimo paso hacia la aprobación definitiva de la norma por parte del Pleno de la Cámara al que llegará de forma previsible el próximo mes de abril.

El objetivo de la ley es garantizar «las condiciones de habitabilidad y de confort térmico en las infraestructuras» del sistema educativo andaluz «de manera respetuosa y sostenible con el medio ambiente y con la salud laboral», según se refleja en el texto de la proposición consultado por LA RAZÓN. A esto se suma la finalidad de «contribuir» con ella a «reducir la huella de carbono a lo largo de la vida útil» de las edificaciones, y, en general, a «las medidas» a tomar «frente al cambio climático». Los afectados por la nueva normativa serán los centros docentes públicos de titularidad de la Junta, de las corporaciones locales de la comunidad y de otras administraciones, creados mediante convenios de cooperación; así como los que sean propiedad de aquéllas «donde se desarrollen servicios, programas y actividades educativas». Si bien, en una disposición adicional de la proposición de ley se contempla que el Gobierno autonómico, a través de los entes instrumentales que resulten competentes, dé luz verde a iniciativas de apoyo para que las mejoras climáticas lleguen a «los centros docentes privados concertados». Se anota la posibilidad de que éstos puedan «acogerse a los incentivos para el desarrollo energético sostenible» o la de establecer «beneficios fiscales» para favorecer en ellos las actuaciones que tendrán el sello de la ley.

Uno de los puntos de fricción entre los grupos, según reconocieron ayer en la comisión, han sido los plazos. En el texto normativo se concede un periodo de seis años desde la entrada en vigor de la ley para que estén listas las valoraciones o auditorías energéticas que permitirán evaluar las necesidades de los centros. Aunque, también se puntualiza que en 18 meses deberán haberse realizado las de las instalaciones que se consideren prioritarias. Y como los pliegues no siempre desaparecen del todo bajo la exposición controlada al calor, la diputada de Vox María José Piñero dejó claro en su turno de palabra que para su grupo la norma debería tener «carácter técnico y ambiental para el confort» de los centros y no ser «una ley para el estudio de medidas frente al cambio climático». «Se protege la salud para poder trabajar mejor, no se trabaja para la mejora del cambio climático, son conceptos diferentes», aseveró.

De su lado, el parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quiso recordar que fue «la sociedad civil» la que «detectó el problema», se «movilizó» y se «organizó» para plantear propuestas que acabarán convertidas en norma. Se refirió a las Ampas (asociaciones de madres y padres de alumnos) de Sevilla Escuela de Calor y avisó a navegantes de que su grupo estará «vigilante» para que la norma se cumpla si logra el respaldo final en el plenario de la Cámara.

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