Los familiares elevan a más de 40 los fallecidos en la residencia de San Juan de Aznalfarache

La residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache se ha convertido en la “zona cero” del coronavirus en la provincia, con 24 fallecidos reconocidos hasta ayer, una cuarta parte del total de muertos de la provincia hispalense, y “más de 40” según aseguran familiares que les han transmitido desde el geriátrico. La Junta niega la “tardanza” en las actuaciones aunque apunta que depurará responsabilidades. La mayoría de los residentes, recuerda la Consejería, están en el Hotel Alcora. Fue el propio consejero de Salud quien confirmó en rueda de prensa telemática los fallecimientos. El Ayuntamiento de San Juan remitía a la Consejería. La propia residencia se mantuvo días negando los hechos, que saltaron a la luz de un chat de un grupo de familiares de la residencia vía Europa Press y a traváes de Manuel Borrego, un familiar con acceso a los datos como trabajador de CC OO. Borrego apunta a no menos de 40 fallecidos, según le transmite el personal del centro y no entiende cómo habiendo camas libres en los hospitales, los ancianos afectados permanecen en las residencias y hoteles medicalizados. Una trabajadora apuntó al diario.es que "todo se debe a la mala gestión del director, porque se han hecho las cosas muy tarde, por falta de medidas de protección, por tener a los abuelos en la misma habitación. Ha sido todo un caos”, asegura. La residencia, de gestión privada y con plazas concertadas con la Junta, ahora intervenida por la Consejería de Salud, tiene capacidad para 180 personas y cuando estalló la crisis sanitaria tenía 156 plazas ocupadas, según transmitió el apoderado de la dirección a Borrego. Es decir, más de una cuarta parte de los residentes ha fallecido y “aproximadamente el 52% de los residentes está contagiado”.

LA RAZÓN contactó con una ex trabajadora con contacto “diario” con los empleados del centro, quien defendió que el personal “lo está dando todo y echando horas de más". “Es muy triste que digan que están dejando morir a los abuelos", apuntó sobre los comentarios en las redes. “Lo han hecho lo mejor posible”, defendió. La residencia es privada con plazas concertadas por la Junta. “Están trabajando todos por igual: encargados, supervisores, camareras de piso, auxiliares... Están todos dándolo todo”, explicó. “Lo único que pasa es que ha entrado un virus, que podía haber entrado en cualquier sitio, y se han tenido los máximos cuidados. Es mentira que no tienen material para protegerse, incluso tienen más que un hospital”, apuntó. “Es mentira que se esté dejando morir a los abuelos. Igual que se mueren en un hospital, se están muriendo en las residencias desgraciadamente”, explicó, “y lo están padeciendo las personas que trabajan allí”. “Si se ha ocultado información o no, eso no lo sé", alegó. “Los trabajadores quieren a los abuelos como si fueran su familia. Pasan más tiempo con ellos que con la propia”, añadió la ex trabajadora. Los familiares que denunciaron el ocultismo también han defendido el esfuerzo de los trabajadores del centro.

El pasado 20 de marzo se anunciaron tres contagios y los residentes fueron trasladados al medicalizado Hotel Alcora el día 25. La residencia de San Juan “está intervenida por la Consejería de Salud. Todas las residencias están con personal sanitario de la Consejería, siguiendo a pacientes y cuidadores”, apuntó Jesús Aguirre. Este diario trató de contactar con el director del centro, sin obtener respuestas. El Ayuntamiento de San Juan remitió a la Junta de Andalucía para cualquier información al respecto. El Consistorio señaló en un comunicado que carece de información sobre la residencia. El alcalde posteriormente se quejó en Twitter del desconocimiento total de la situación.

El director de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, José Repiso, pidió disculpas por los 24 fallecimientos reconocidos por coronavirus en la residencia de personas mayores ‘Joaquín Rosillo’ y explicó que se pedirán en el futuro responsabilidades a los gestores del centro porque “ahora es momento de sacar a todos adelante”. En una entrevista en Canal Sur Radio explicó que las primeras informaciones se tuvieron el día 18 de marzo, momento en el que se registra el primer residente positivo en coronavirus, ingresado en el Hospital San Juan de Dios. Ese mismo día se toman otras cuatro muestras y, hasta el 21 de marzo, se hacen 73 pruebas que arrojan más positivos en Covid-19. La Junta negó “la tardanza” en actuar, ya que fueron “tres días”. También añadió que desde el 25 de marzo se comenzó a trabajar para “descargar y sectorizar” la residencia, con el traslado de la mayoría de residentes al Hotel Alcora de San Juan, ahora medicalizado, mientras que el resto permanece en la residencia que cuenta con profesionales públicos sanitarios. “Un fallecimiento es una derrota”, añadió, “es un problema de letalidad para esta población y tenemos que luchar contra eso”. “Intentamos que nada se nos escape. Desde el primer día, los enfermeros nos reportar los datos diarios para tomar medidas y, si no se está haciendo bien, se manda al inspector sanitario. Alguna residencia se nos está escapando y lo sentimos”, señaló. “Nos hubiera gustado controlar mejor la situación”, resumió. Andalucía cuenta en la actualidad con once residencias medicalizadas de las 750 que hay en toda la comunidad autónoma.

La CEA pide “no criminalizar”

La Confederación de Empresarios de Andalucía mostró su solidaridad con el sector empresarial de cuidados al mayor, empresas “más expuestas” a la pandemia. Desde las organizaciones empresariales del sector, como el Foro Andaluz de la Dependencia, organización miembro de CEA, se recuerda que su labor es el cuidado de la persona, “no su atención médica que debe ser asumida por las instituciones sanitarias a las que se deben derivar los pacientes”. Asimismo, para llevar a cabo esa derivación debería existir una certeza sobre la idoneidad de la misma que sólo es posible en el caso de contar con los test que acrediten la presencia o no de la enfermedad y a los que, hasta el momento, no están pudiendo acceder las empresas prestadoras de los servicios de atención al mayor, ni para sus residentes, ni para sus trabajadores. LaCEA pide “no criminalizar y sí apoyar a las residencias de mayores” y recuerda que el Foro Andaluz de la Dependencia viene solicitando medios y la distribución de test diagnósticos para residentes y trabajadores.