Las dificultades que el coronavirus ha originado se ramifican como los dedos extendidos de una mano. En materia de inmigración, la realización de pruebas PCR a quienes llegan en patera a las costas andaluzas puede acabar en los juzgados. El PSOE-A anunció ayer su intención de denunciar ante la Fiscalía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a su Gobierno por «dejación de funciones» al negarse a hacer esos test. La encargada de adelantarlo desde Almería fue la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, quien justificó la decisión en el «incumplimiento inconstitucional» y la actitud del Ejecutivo regional de «no cumplir la legalidad» al no efectuar PCR a los migrantes para que «puedan tener una acogida humanitaria» y controlar al tiempo posibles contagios y problemas de salud pública.

La Secretaría de Estado de Migraciones publicó a finales de julio un protocolo en el que fijó que todos los inmigrantes que entraran al país por vía marítima de forma irregular tenían que pasar esa prueba, lo que compete a las comunidades, a juicio del Gobierno central, al tener transferidas las competencias sanitarias. Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se volvió a pedir este miércoles la «colaboración de todos». La Junta ha defendido siempre que cumplía lo marcado por Sanidad, si bien en la mañana de hoy el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que el Ejecutivo regional tiene previsto hacer desde la próxima semana PCR para detectar coronavirus a todos los inmigrantes que lleguen a las costas del mapa autonómico y no sólo a los que presenten síntomas.

Vox, de su lado, también puso la lupa en ese ámbito para criticar la «dejación» del Ejecutivo central y pedir al autonómico que afronte el «deficiente» control sanitario de esas cientos de personas que arriban al litoral andaluz. La entrada de inmigrantes de enero a agosto se redujo un 64,4%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Se contabilizaron 4.474.